El Consejo de Gobierno ha tomado este martes conocimiento del Anteproyecto de Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Es el paso previo para comenzar el periodo de participación pública sobre la Ley, someterla a los informes jurídicos necesarios para su aprobación en un nuevo Consejo, y enviarla a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. 

La nueva Ley derogará la actual de Protección Ambiental de Aragón. Y es necesaria para adecuar la normativa aragonesa al marco común europeo y estatal en materia de medio ambiente, ya que las normativas ambientales de las Comunidades Autónomas han ido introduciendo requisitos y condiciones adicionales de protección más restrictivas.

El texto contempla hasta 18 medidas concretas de simplificación, incluidas en la "hoja de ruta" previa que realizó el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) con el propósito de disminuir la carga administrativa para el ciudadano en los distintos trámites ambientales que exige la norma.

Con esta reforma se pretende regular y priorizar la intervención del INAGA como organismo ambiental, de manera que se apliquen solo los mecanismos de intervención más exigentes en las actividades que afecten de forma importante al medio ambiente y se rebaje o suprima su intervención en asuntos de menos relevancia. Todo ello con el objetivo de simplificar trámites y facilitar a los emprendedores su inicio en cualquier actividad.

Concretamente, este Anteproyecto de Ley regula:

- La evaluación ambiental de planes y programas.

- La evaluación de impacto ambiental de proyectos.

- La evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles.

- La autorización ambiental integrada.

- La licencia ambiental de actividades clasificadas y licencia de inicio de actividad, de competencia municipal.

- El régimen de inspección, seguimiento y control.

- El régimen sancionador.

- Aspectos relacionados con la tramitación electrónica.

Un aspecto importante que hay que resaltar es la intervención de la Administración aragonesa cuando un proyecto, actividad o programa, aunque no supere el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, pueda tener efectos ambientales en otras limítrofes. En este caso, Aragón estaría obligada a consultar a las autonomías que puedan verse afectadas y adoptar las medidas oportunas para garantizar la mínima afección ambiental.