"La DGA no tiene dinero para prestar las competencias que ejerce el Ayuntamiento"

El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha asegurado este lunes que la Comunidad Autónoma no tiene dotación presupuestaria para hacer frente al coste de los servicios que presta en la actualidad el Consistorio y que la nueva ley de Administración Local transfiere a los Gobiernos autonómicos.

Una cantidad que Gimeno ha cifrado en 106 millones de euros y con los que sí que cuenta el Ayuntamiento porque es el que presta los servicios en la actualidad, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno de la ciudad.

El vicealcalde y consejero de Presidencia ha mostrado su disposición a tratar de seguir manteniendo esos servicios, para lo que ya se han fijado reuniones técnicas para negociarlo con el Gobierno de Aragón.

Unas reuniones en las que también quieren participar representantes de los grupos de IU y de CHA, como han señalado en sendas comparecencias previas el portavoz de la coalición izquierdista, José Manuel Alonso, y el concejal de la formación nacionalista Carmelo Asensio, quienes también han reclamado asistir a la elaboración del texto sobre la ley de Capitalidad.

Gimeno ha subrayado que el Gobierno municipal "no tiene ningún problema" al respecto pero ha expresado sus dudas de que también pueda ocurrir lo mismo por parte de los grupos parlamentarios.

El responsable municipal ha explicado que el peso de estas negociaciones debe recaer en los órganos ejecutivos y luego someter al acuerdo de los grupos los acuerdos que se alcancen en esas negociaciones.

"Los que no pueden dejar de estar son los gobiernos, que son los que preparan las propuestas técnicas", ha advertido.

Respecto al coste de los servicios, Gimeno ha recordado que según la ley, el Gobierno autonómico se tendrá que hacer cargo de los servicios sociales en un plazo de dos años y durante cinco años financiar el 20% de las competencias de Educación, así como el cien por cien el resto, si se mantienen.

La concejala del PP María Jesús Martínez del Campo ha asegurado que no se va a quitar ningún servicio al Ayuntamiento y ha acusado al PSOE y resto de grupos de querer generar "alarmismo".

La edil popular ha subrayado que lo que la ciudadanía quiere es racionalizar el gasto y es "lo que estamos haciendo", ha asegurado.

Sin embargo, José Manuel Alonso ha precisado que el 60% de los ahorros que se achacaban a la reforma local "vendrá de que las administraciones locales no podrán ejercer competencias impropias".

El portavoz de IU ha recordado que se ha vuelto a solicitar al consejero de Presidencia un informe sobre la aplicación de la reforma y, además, su partido quiere organizar un encuentro en Zaragoza para analizar la situación en qué se quedan las grandes ciudades con esta modificación.

Una ley que va a afectar a la política de planes integrales, que, ha lamentado, "no existe para el PP", y que va a suponer que los ayuntamientos pierdan competencias comprendidas en esos programas como emigración, acción social, mujer o juventud.

Consecuencias que, a su juicio, se podrían paliar con la ley de Capitalidad.

Por su parte, Carmelo Asensio ha vuelto a solicitar la celebración de un pleno extraordinario para estudiar cuál va a ser el impacto de esta norma en las políticas municipales y cuál debe ser la postura de partida del Ayuntamiento en la negociación con el Gobierno autonómico.

CHA propone que cuestiones como escuelas infantiles, empleo, medioambiente, educación, la atención a mujer, ayuda al domicilio, inmigrantes, drogodependencias o cooperación al desarrollo se sigan prestando desde el consistorio, ya que teme que "desaparezcan o se pasen al sector privado".