El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista ha opinado que es "demencial" que el Ministerio de Justicia justifique la reforma del Aborto porque contribuirá a aumentar la natalidad.

El Ministerio de Justicia considera que la Ley Orgánica de Protección de Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada tendrá un impacto económico "neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad", aunque reconoce que este será "difícilmente cuantificable" y en todo caso, requerirá de "una proyección en el tiempo".

Así lo recoge la memoria que acompaña al anteproyecto de Ley, un documento de 48 páginas y en el que se detallan desde las motivaciones del departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón para poner en marcha la reforma hasta el impacto que tendrá sobre la economía, sobre las mujeres y sobre las personas con discapacidad.

La diputada y secretaria de Igualdad de CHA, Carmen Martínez Romances, ha subrayado que es "demencial" que un informe del Ministerio de Justicia justifique la reforma del aborto por su impacto neto positivo por los beneficios esperados por el incremento de la natalidad.

"¿Qué hemos hecho las mujeres para que el PP y el Gobierno estatal y el aragonés nos traten como mercancía y nos insulten continuamente con argumentos trasnochados y que ponen en duda nuestra capacidad para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad?", se ha preguntado Martínez Romances, para quien está claro que la reforma de la Ley del aborto es "puramente ideológica" y dictada por los sectores "más rancios, retrógrados y reaccionarios de la derecha, con el apoyo y la inspiración de la Conferencia Episcopal".

CHA ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en el pleno de las Cortes, para que informe sobre su posicionamiento y el de su Gobierno PP-PAR con relación a esta reforma, contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

También ha registrado una proposición no de ley para rechazar el Anteproyecto y exigir la defensa de los derechos de la mujer y que no se modifique ni derogue la Ley vigente, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.