La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que el acuerdo que se alcanzado este martes sobre la reforma de la PAC consolida a los "agricultores de sofá" y responde más al mantenimiento de los "cheques regionales" que a los intereses de los agricultores profesionales.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura de este martes, "Ministerio y Comunidades Autónomas han priorizado el mantenimiento del 'status quo', consolidando las ayudas a los 'agricultores de sofá'", en detrimento del modelo social y profesional de agricultura, generador de empleo y riqueza en el medio rural", ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. Para Blanco, es una "reforma que mira más al pasado que al futuro".

Para la coordinadora, los grandes perdedores son los agricultores activos, jóvenes y productores históricos de frutas hortalizas y viñedo.

COAG considera insuficiente el 20% de ingresos procedentes de la actividad agraria que recoge la definición de agricultor activo como perceptor prioritario de ayudas a la hora de medir su profesionalidad. De este modo, "se sigue dejando la puerta abierta a los 300.000 perceptores, no profesionales, que cobran ayudas PAC".

Según sus cálculos, este perfil responde a un tercio del total, lo que lastra la competitividad frente a los de países de la UE como Francia o Alemania, donde solo reciben ayudas los verdaderos profesionales. En estos países hay unos 350.000 personas que reciben las ayudas, frente a las 900.000 en España, con lo que reciben más dinero. Por ejemplo, en Francia se otorgan 20.000 euros por beneficiario en ligar de los 5.000 en España.

COAG pide además que se aumenten los controles para que no haya tierras de labor o pastos sin actividad que reciban ayudas PAC.

En cuanto a los jóvenes profesionales, las ayudas desacopladas sobre la base de referencias históricas "pretende consolidar el esquema de percepción de ayudas PAC de los últimos años". "Este planteamiento, conocido como "statu quo", sitúa en inferioridad a los agricultores jóvenes, marginándoles e impidiéndoles trabajar en igualdad de condiciones, dificultando el vital relevo generacional", aseguran desde COAG.

Las ayudas acopladas deberían elevarse al 15% permitido, según la coordinadora de agricultores y ganaderos "para mejorar la escasa asignación para determinados sectores incorporados o que han quedado excluidos", frente al 12,08% actual. "Es fundamental el apoyo a sectores en riesgo de abandono, con problemas de rentabilidad o situados en zonas con dificultades específicas", aseguran.

Además, "miles de agricultores profesionales de frutas, hortalizas y viñedo se quedarán sin acceso a las ayudas PAC". Un millón de hectáreas quedan fuera del sistema, según COAG, que apoya que aquellos que cultivaron en 2013 sin ayudas puedan integrarse en el nuevo régimen de pago básico. De este modo, se evitarían actuaciones discriminatorias contrarias a la reglamentación comunitaria.

En sentido se han pronunciado el Jefe de Gabinete del Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en una carta remitida a esta organización, en la que sostiene que desde la Comisión "asegurarán que las decisiones adoptadas por las autoridades españolas estén en conformidad con la legislación de la UE". 

Por último, COAG ha mostrado su preocupación por los recortes del Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas. En el acuerdo aprobado, la aportación estatal se reduce el 50% al 30%, dejando el resto en manos de la administración regional. Agricultores y ganaderos temen que la falta de presupuesto pueda poner en peligro los fondos de Bruselas ante los problemas de cofinanciación de los programa de Desarrollo Rural.

"Por este problema, en 2012 ya se perdieron 70 millones de euros", recuerdan y subrayan que "en 2013 el Comisario Ciolos ya ha avisado a Arias Cañete que se podrían perder incluso más". Desde COAG, consideran "irrenunciable" estos fondos europeos "vitales para medidas estructurales para el sector como la incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones, medidas agroambientales, regadíos o zonas desfavorecidas". "Sería una grave irresponsablidad política que en un contexto de crisis económica se perdieran ingresos netos de la UE para un sector que genera desarrollo económico y social en nuestros pueblos", ha apuntado Blanco.