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Aragón

Recursos hídricos

Vuelve la sombra del trasvase

COAGRET denuncia que las enmiendas de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental incluyen modificaciones que permiten trasvasar agua entre usuarios privados.

Protesta contra los trasvases junto al Ebro
Vuelve la sombra del trasvase

"Estoy convencido absolutamente de que quieren volver a los trasvases". Así de rotundo se muestra Julián Ezquerra, portavoz de la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET). Las razones son las enmiendas que el acuerdo del trasvase Tajo-Segura introduce en la ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que se aprobó en el Congreso de los Diputados este jueves.

"La parte importante del Plan Hidrológico Nacional (PHN) la quieren aprobar con esta ley. Lo sacan por partes para que no se pueda ver el mosaico entero", aseguran desde COAGRET. La ley de impacto ambiental "permite que usuarios privados negocien la compra-venta de derechos de agua incluso de cuencas distintas con la autorización del Ministerio, con lo que se quita la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las Confederaciones bloqueen los trasvases", según explica Ezquerra.

El PHN será la clave para que se abra la puerta a los trasvases privados. "Los planes de cuenca no hablan de ellos, así que el PHN incluirá los trasvases y el mercado del agua", aseguran desde COAGRET.

Con la posibilidad de comprar y vender agua a personas con derechos a ella, los trasvases dependerían de los usuarios, con los límites que imponga el Ministerio de Medio Ambiente. "Si les ofrecen un buen precio, claro que van a vender, es normal. El problema es darles la posibilidad", afirman. "El Estado solo puede poner un tope, que dependerá de los excedentes de las cuencas, cuyos caudales ambientales están bajo mínimos".

Las autopistas del agua

El PHN abrirá la posibilidad de la creación de las llamadas "autopistas del agua", asegura la plataforma ecologista, una expresión eufemística para referirse a los trasvases. Aunque ni siquiera sería necesario realizar una gran obra hidráulica para permitir el transporte de este elemento. "Parte de las interconexiones están hechas", explican, y ponen de ejemplo el canal de regadío Xerta-Senia, que enlaza el Ebro con la cuenca del Júcar.

La política de trasvases "va en contra de los ecosistemas naturales", aseguran. "Hay que analizar las necesidades y utilizar otros métodos, como la desalación con energías renovables o el uso de aguas subterráneas. Tiene que haber unos límites en cuanto al regadío, vivimos en una sociedad de la oferta, pero hay que tener en cuenta el agua que tenemos".

El ministro de Agricultura se ha negado a hablar de trasvase, aunque sí señaló el pasado marzo que hay agua suficiente para todos, "pero es necesario redistribuirla". Desde el PP aragonés también se ha indicado que "mientras esté este Gobierno de Aragón no habrá ni una gota de trasvase". Sin embargo, en COAGRET no se fían. "La política del PP siempre ha sido defender los trasvases. ¿Por qué iban a hacer ahora otra cosa?", se pregunta Ezquerra.

La oposición rechaza el trasvase

En Aragón, PSOE, PAR, CHA e IU se oponen a la Ley de Evaluación Impacto Ambiental. El portavoz socialista Javier Sada advierte que "estamos ante el mayor riesgo de trasvase del Ebro desde el Plan Hidrológico Nacional con Aznar" y critica la "nocturnidad, premeditación y alevosía" con la que se han aprobado las enmiendas a la ley que abren la puerta al trasvase. 

Los socialistas recuerdan además que la Mesa de las Cortes se negó este miércoles a que los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón hicieran un informe sobre los posibles efectos de la ley, con los votos del PP.

Chunta Aragonesista abunda además en las implicaciones de permitir la compraventa privada de agua. "El agua pasa a ser una mercancía en vez de un bien común y básico. Se podrá 'mercadear' y especular con el agua y eso traerá graves problemas", asegura Joaquín Palacín, vicesecretario general de CHA.

PAR e IU, además, presentaron este jueves una proposición no de ley para pedir la Gobierno de Aragón que se dirija al Estado para pedir la retirada del proyecto de Ley de Evaluación Ambiental e instaron a presentar un recurso de inconstitucionalidad, la cual fue aprobada por unanimidad.

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