Unanimidad para rechazar el trasvase del Ebro

Los cinco grupos de las Cortes de Aragón, PP, PSOE, PAR, CHA e IU, han votado por unanimidad parte de una iniciativa que muestra el rechazo a cualquier trasvase del Ebro, pero PP el se ha mostrado en contra de estudiar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación de impacto ambiental que puede abrir la puerta a los trasvases.

Esta última petición ha salido adelante al contar con 34 votos a favor de PSOE, PAR, CHA e IU y 26 de rechazo del PP. El mismo resultado ha recibido una proposición no de ley sobre la misma materia presentada por IU. La primera ha sido defendida por el PAR.

En ella, las Cortes de Aragón han reiterado su "oposición frontal" a cualquier trasvase del Ebro "por comprometer de manera inasumible un recurso fundamental para el futuro de Aragón" y porque los trasvases "no se ajustan" a una política basada en la gestión eficiente de los recursos hídricos disponibles, respetuosa con los principios de unidad de cuenca y son "insostenibles social, económica y medioambientalmente".

Asimismo, las Cortes han reafirmado "la necesidad de hacer valer las competencias que el Estatuto de Autonomía y la legislación otorgan a la Comunidad en defensa de sus intereses". Además, el Parlamento aragonés, a través de esta proposición no de ley, enmendada por IU, ha rechazado la ley de evaluación de impacto ambiental, que este jueves ha recibido el visto bueno del Senado.

Según el texto aprobado, esta nueva ley tendrá "serias consecuencias para los intereses y las competencias de la Comunidad, especialmente las relacionadas con el agua".

Por eso, las Cortes aragonesas han instado al Gobierno de autonómico a que adopte todas las medidas necesarias para dejar sin efecto las disposiciones finales cuarta y quinta de la misma y, en caso de que se apruebe en los términos actuales, "se elabore el correspondiente informe jurídico para la interposición, en su caso, de los recursos oportunos, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía".

Por su parte, la iniciativa de IU, enmendada por el PAR, reclama al Ejecutivo aragonés que se dirija al Gobierno de España pidiendo la retirada del proyecto de ley de evaluación ambiental, especialmente en lo relativo a las disposiciones finales cuarta y quinta, y que, en el caso de que se apruebe, "y dado que afecta a las competencias propias de Aragón, se presente, con el debido asesoramiento jurídico, un recurso de inconstitucionalidad al mismo".

Tristeza

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha expresado su "profunda tristeza" porque "lo peor que nos puede pasar a los aragoneses es que en un tema Estado perdamos la unidad de acción" y ha asegurado que las modificaciones realizadas en la ley de impacto ambiental "facilitan enormemente que se pueda realizar un trasvase desde Aragón a otras demarcaciones hidrográficas".

Asimismo, le ha señalado al PP que "o tienen razón ustedes o la tenemos todos los demás; el tiempo nos lo aclarará", para defender que los trasvases "no solo hay que evitarlos cuando se producen, sino con unas medidas preventivas", como son estas dos iniciativas, "el Estatuto nos obliga a ello".

El diputado de IU, Miguel Aso, ha criticado que el PP, a través de las enmiendas aprobadas en el Senado a la ley de impacto ambiental haya "metido el trasvase por la gatera", con una "artimaña política", en una ley "que nada debería tener que ver con él" para "evitarse el desgaste del debate público y abierto" que implicaría hablar del trasvase y de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

También ha subrayado que "la unidad en esta materia es fundamental para dar más fuerza a la posición mayoritaria de la sociedad aragonesa", al tiempo que ha criticado que la ley de impacto ambiental "abre el debate privado a los intereses del agua y el mercado del agua".

No existe ningún riesgo

El diputado del PP, José Manuel Cruz, ha asegurado que "no existe ningún riesgo" de que con la ley de impacto ambiental se pueda hacer el trasvase del Ebro y, además de "no haber amparo legal", "no existe ninguna voluntad política" para ello y la postura de su grupo es de "oposición frontal" al mismo "y va a seguir trabajando" en ese sentido.

El parlamentario ha comentado que "es cierto que se flexibiliza la cesión de derechos, pero no permite modificar volúmenes, ni el carácter temporal de las cesiones", mientras que sobre la crítica al mercado del agua ha puntualizado que ya en la normativa actual "se regulan los contratos de cesión de derechos".

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha señalado al PP que "ustedes son los que van contra dirección", pero "no solo del resto de grupos de las Cortes, sino de la inmensa mayoría de los aragoneses" por lo que les ha animado a "rectificar, están a tiempo", para estimar que "es difícil discutir que estas modificaciones no abren las puertas al trasvase" y a la "privatización y venta de derechos".

El diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha afirmado que la ley de impacto ambiental "no protege el medio ambiente, sino todo lo contrario" y es "trasvasista y va a fomentar y permitir que se puedan producir trasvases entre cuencas", algo "grave para los intereses de Aragón" y lo hará "sin contar con las confederaciones, ni con los gobiernos autonómicos". También ha lamentado que se haya hecho "por la puerta de atrás, sin que nadie lo supiera" y "en una ley que no habla de agua".