La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón (FAPAR) y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación --CSIF, CC.OO., UGT, CGT y Stea-- han presentado un documento de consenso sobre la jornada en los centros escolares en el que reclaman que cualquier propuesta asegure el mantenimiento de los servicios públicos complementarios --comedor, transporte y actividades extraescolares--, con una política de becas y ayudas, y que "no sea una excusa para más recortes".

En rueda de prensa, han expuesto un decálogo que todos ellos han calificado como "diez líneas rojas" que en ningún caso se debería sobrepasar en caso de que se presente una normativa en esta materia o en cualquier propuesta de jornada escolar, continua o no, todas ellas con igual importancia, han recalcado.

Además de las dos ya señaladas, también reclaman que se mantenga el programa de apertura de centros, "con ayudas para las familias que no puedan acceder al mismo" y que "no se creen guetos que impidan el desarrollo educativo de todos los alumnos".

Así, solicitan que se asegure que todos los centros, más allá de la jornada escolar y laboral, "estén abiertos y atendidos hasta el cierre de los mismos, profundizando en su rol de dinamizadores de barrio, potenciando el papel de la escuela como integradora y conciliadora de la vida familiar".

Igualmente, piden la participación de profesionales para las actividades de la tarde, con el apoyo e intervención de ayuntamientos y profesionales diversos, así como de educadores sociales, monitores de tiempo libre y voluntariado comunitario.

Asimismo, quieren que se potencie el papel "imprescindible" de las asociaciones de madres y padres; garantizar, con medios adecuados, la atención a toda la diversidad de cada centro; que la decisión de cambio de jornada, en su caso, se tome tras un proceso de debate "serio" y con una mayoría cualificada, "evitando fracturas" en la comunidad educativa.

Finalmente, reclaman que cualquier decisión que se tome en un centro no suponga la pérdida de calidad de la educación y de programas y servicios, y pueda ser evaluada en un plazo de dos años, con indicadores previamente aceptados.

Imposición unilateral

El presidente de FAPAR, Juan Ballarín, ha explicado que este documento es fruto de un proceso de participación y reflexión "sereno" de todas estas organizaciones, ha remarcado que no significa una negociación, ni tampoco un cambio de postura de su entidad, que se ha mostrado tradicionalmente en contra de la jornada continua, para remarcar que sí implica una posición conjunta de rechazo a que se imponga "unilateralmente por parte de la Administración un modelo de jornada escolar".

Además, ha reconocido que esta es una cuestión "compleja" y ha opinado que lo prioritario es respetar "la equidad e igualdad de oportunidades" y ha expresado su "temor" a que el Departamento de Educación apruebe un nuevo decreto "que no cuente con la comunidad educativa y tenga el carácter economicista que está primando en todas sus actuaciones".

En este sentido, el responsable de Educación de CSIF-Aragón, Javier García Lisbona, ha comentado que la experiencia piloto de jornada continua que se ha implantado este curso en un colegio de Monzón se ha realizado "sin consultar, sin consenso e información".

Por eso, han elaborado este documento, que pretende evitar "que la Administración tome de manera unilateral decisiones de mucho calado", que se "genere una fractura" en la comunidad educativa, se "rompa" el principio de equidad, perjudicando a las familias más desfavorecidas, y se modifiquen condiciones laborales "sin negociación".

Tener en cuenta las inquietudes

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO.-Aragón, José Luis Cimorra, ha considerado que la Administración tiene el "reto" de crear una norma que tenga en cuenta las "inquietudes" de la comunidad educativa en esta materia y respete la negociación de la jornada laboral de los trabajadores del sector.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT-Aragón, Gloria Pardillos, ha sostenido que familias y docentes "deben exponer sus razones y argumentos y llegar a acuerdos" y ha defendido la autonomía de centro para que en cada uno la comunidad educativa decida la solución que mejor vaya a su entorno teniendo en cuenta "a quienes tienen más dificultades y problemas".

Pardillos ha considerado que abordar la posibilidad de implantar la jornada continua, que ya se ha puesto en marcha en muchas Comunidades autónomas, supone trata una cuestión "que afecta a la realidad cotidiana de muchas familias" y a las condiciones laborales de los trabajadores, y debe tratarse "con generosidad" y "poniéndose en el lugar del otro".

El miembro de CGT, Javier García, ha indicado que en este debate, "que ha lanzado la Administración", debe primar "el punto de vista educativo", con los alumnos como "protagonistas", para apuntar que "no es lo mismo" el medio rural, que el urbano, ser un alumno que necesita usar el transporte escolar, que no, además de que también dentro de las ciudades hay circunstancias diversas.

Por eso, ha pedido que el cambio de jornada siempre sea fruto de una decisión "acordada, nunca por imposición" y "no suponga un recorte" en los servicios complementarios, sino que, al contrario, contribuya a "mejorar la calidad de la educación".

Anticipación

La representante de Stea, Inés Ciércoles, ha comentado que el objetivo es "anticiparnos", después de que el Departamento de Educación haya indicado que la jornada continua implantada de forma piloto en Monzón se puede extender "si funciona", para matizar que "no sabemos con qué criterios se va a evaluar".

Igualmente, ha incidido en que modificar las condiciones de los trabajadores unilateralmente supondrían "una clara vulneración del derecho de negociación colectiva" y ha apostado por el consenso a la hora de que cada centro tome una decisión en esta materia.

FAPAR y estas organizaciones sindicales van a presentar este documento a la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, de la que forman parte todos ellos y también la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), los partidos PSOE, CHA e IU y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL).

También se lo harán llegar al Departamento de Educación con la finalidad de que antes de que elabore cualquier normativa en este ámbito "nos reúna y nos escuche", ha dicho Ballarín.