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Denuncian el ingreso no voluntario y sin garantía judicial de mayores en residencias

El Justicia critica que se interne a personas sin capacidad de decisión pero sin auto judicial que lo avale "en la mayoría de centros visitados".

La Navidad de los más mayores, mejor en familia
Denuncian el ingreso forzado y sin garantía judicial de mayores en residencias de Aragón

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha criticado el ingreso "irregular" de mayores en residencias aragonesas. El motivo no es otro que el internamiento no voluntario de estas personas sin su consentimiento, al considerar que no cuentan con las condiciones psíquicas adecuadas para tomar esta decisión por sí mismos.

Sin embargo, según la legislación vigente, este pacto entre los familiares y los centros residenciales debe llegar avalado por un auto judicial que confirme la incapacidad de juicio del internado. Algo que, en Aragón, no se está cumpliendo. Según el informe elaborado por la institución que vela por los derechos de los aragoneses, han detectado estas "situaciones irregulares" en "la mayoría de los centros residenciales visitados".

Los técnicos de El Justicia realizan continuas visitas a los centros y establecimientos geriátricos, sean públicos, privados o de carácter social, para verificar las condiciones de las personas válidas o asistidas. Fruto de estas 'inspeccciones' se ha detectado esta problemática que vulnera el derecho de muchos internados de forma no voluntaria y sin las garantías legales requeridas.

Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 763: "El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento".

En este sentido, El Justicia recuerda un pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado en el que se asegura que "viene siendo usual que los ingresos sean convenidos entre los familiares del interno y el centro, llegando incluso a pactarse el régimen del internamiento, restringiendo o excluyendo la libertad personal al convenirse el régimen de visitas, salidas al exterior e incluso comunicaciones telefónicas o postales, lo que puede resultar gravemente atentatorio a derechos constitucionales básicos y a la dignidad de las personas".

Desde el Consejo Aragonés de Personas Mayores (Coapema), aseguran que desconocían esta situación, por lo que agradecen la labor del Justicia. "Todos aquellos casos de incapacidad psíquica deben pasar por juez", explica su presidente, Jesús Giménez, aunque cree que en muchas ocasiones, los acuerdos entre familiares y centros se llevan a cabo sin el conocimiento de esta exigencia, por lo que también anima a la DGA a regular mejor el proceso.

Sin embargo, fuentes del departamento de Servicios Sociales del Gobierno aragonés niegan las acusaciones del Justicia, y aseguran que "aquella persona que ingresa en una residencia firma un contrato de aceptación y si no es él lo hace un representante que acostumbra a ser un miembro de su familia".

Indican a su vez que "si se aplicase lo que se apunta en este informe, en los casos en lo que hubiese duda de que a esa persona se le está privando de su libertad, habría que mandarlo a casa hasta que el Ministerio Fiscal o un Juez dictaminase si son capaces o no".

Regulación contradictoria

En la actualidad, algo más de 13.000 personas mayores viven en residencias para la tercera edad en Aragón. En concreto 13.312, lo que significa que el 1% de la población total, porcentaje superior a la media española del 0,58 % y sólo superado por el de Castilla y León (1,26 %).

En la Comunidad, el ingreso de estas personas viene regulado por un decreto que establece la obligación de obtener una autorización judicial para los casos de incapacidad del anciano, y por una orden de la DGA que no recoge ninguna prescripción al respecto.

Por ello, García Vicente solicita que "se revise la normativa a fin de adaptarla a las consideraciones expuestas sobre la necesaria autorización judicial en los casos en que el usuario no esté en condiciones de prestar válidamente su consentimiento para el internamiento".

Y a su vez, reclama que los servicios de inspección del departamento de Servicios Sociales verifiquen el cumplimiento de estas prescripciones, "informando en su caso a las personas encargadas de los centros del contenido de esta resolución, a fin de que soliciten la autorización judicial para el internamiento en los casos que proceda".

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