El secretario de Ciudad y Política Territorial de la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha remarcado que desde el partido "haremos todo lo que esté en nuestras manos" para evitar que se cometa "la tropelía" de convertir los ayuntamientos "en meros cascarones", tras la aprobación este miércoles en el Congreso del proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuya tramitación continuará ahora en el Senado. 

Zarrías ha asistido este jueves en Zaragoza a una reunión con los responsables de los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, convocada por el PSOE aragonés para valorar los efectos de la reforma local en el empleo, encuentro al que han asistido también el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, y el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gaspar Zarrías ha recordado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra este texto porque "hay una clara invasión de competencias" y, además, "queremos poner en marcha un mecanismo novedoso por el que un sexto de los ayuntamientos que represente a una séptima parte de la población puedan plantear también un recurso".

En su opinión, "es bochornoso que una Ley de este calado", que afecta a más de 8.000 ayuntamientos y al conjunto del modelo territorial del país, "pase por el Congreso como una estrella fugaz, en una tramitación exprés" y ha reiterado que "haremos todo lo que esté en nuestras manos" contra este texto, dado que, además, todos los grupos "están de acuerdo en derogar la Ley una vez que el PP deje de tener la mayoría absoluta".

Zarrías ha subrayado que la reforma afectará especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, "la inmensa mayoría" en Comunidades como Aragón, al "privatizar los servicios básicos" y "desmantelar" el resto de servicios que prestan los ayuntamientos. Asimismo, ha señalado que se perderán "entre 150.000 y 200.000 empleos" en el sector público.

La posibilidad de aplazar un año la aplicación de la ley en el traspaso de los servicios sociales se debe a "la mala conciencia del PP, no es para favorecer un tránsito ordenado, que permita mantener los servicios", sino porque en 2015 habrá elecciones autonómicas y municipales y "el PP pretende que los ciudadanos no sientan antes de mayo de 2015 lo que sucederá cuando entre en vigor la norma".

De hecho, ha recordado que con esta norma "están en juego las becas de comedor, las ayudas a domicilio, los centros de día, las instalaciones deportivas y culturales" y ese "ahorro ficticio" conllevará también "una subida brutal del coste de los servicios" que serán, además, "de peor calidad".

"Sentencia de muerte" 

Para el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, la reforma local es una "sentencia de muerte" para los consistorios, significa "desapoderar a los ayuntamientos, privarles de competencias en materias tan esenciales como el empleo, la igualdad, el medio ambiente y las políticas sociales", servicios que los ayuntamientos prestan "no por capricho, sino porque ninguna otra administración lo hace".

El aspecto "más controvertido" de la ley está relacionado con las políticas sociales y Lambán ha puesto en duda que la Comunidad autónoma de Aragón pueda lograr cien millones de euros para mantenerlas al mismo tiempo que está recortando el presupuesto para sus propias competencias.

"La verdadera razón de esta reforma son los compromisos de Rajoy con Bruselas de recortar 4.000 millones de euros de gasto social de aquí a 2016 y los paganos serán los ciudadanos que dejarán de recibir servicios esenciales", ha asegurado.

Lambán ha considerado que es una ley "injusta" y, por ello, "nos oponemos por tierra, mar y aire", con el compromiso de que "cuando el PSOE recupere el Gobierno la derogará" y, con el objetivo de explicar la situación a los ciudadanos, ya han comenzado una campaña informativa en la Comunidad.

Por último, ha lamentado el espectáculo "bochornoso" que están protagonizando la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el presidente del Partido Aragonés (PAR), José Ángel Biel, estos días "tirándose los trastos a la cabeza por ver quién se lleva más recursos del presupuesto para atender a sus respectivas clientelas políticas".

Lambán ha lamentado que cuando se trata de aplicar recortes ambos "se ponen rápidamente de acuerdo y un ejemplo es esta reforma de la ley local, que muchas Comunidades del PP rechazan porque consideran que perjudica a los ayuntamientos y a sus vecinos y que en Aragón está siendo acatada y aplaudida".

Los sindicatos "muy preocupados" 

Por su parte, el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha indicado que los sindicatos "estamos muy preocupados con esta norma" a la que se oponen, en primer lugar, "por una cuestión de arquitectura institucional".

"Hace pocos años el gran problema de la administración local era su financiación y se da una solución de recorte de los servicios, imponiendo la mayoría absoluta" en una ley que debería "ser consensuada" y aportar soluciones, "no sólo recortes".

Además, la norma afectará a servicios que se prestan a los ciudadanos y es "una salvajada plantear que se ahorre a costa de los más desfavorecidos", ha aseverado, para agregar que también incidirá en el empleo público.

En este último caso, la reforma local "combinará con el efecto perverso de la reforma laboral, que por primera vez permitió realizar ERE en una administración pública", afectando al personal laboral. Según sus cálculos, podrían perderse "un millar de empleos en los servicios más demandados por los ciudadanos".