Seguridad en el medio rural: ¿sólo para Zaragoza?

Los continuos robos que azotan el medio rural aragonés se han convertido, a lo largo de los últimos años, en un auténtico quebradero de cabeza para los agricultores y ganaderos de la Comunidad. La actividad delictiva en las zonas menos pobladas es una sangría constante: alimentos, casetas de riego, sistemas de goteo, generadores eléctricos, animales..., no hay elemento que no sea susceptible de ser sustraído.

Para intentar paliar esta sangría, los ministerios del Interior y de Agricultura anunciaron a principios de este mes la creación de 55 unidades específicas, integradas por un total de 275 agentes, que mantendrán una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados. La iniciativa tuvo una buena acogida por parte de los afectados, que en seguida vieron cómo varias provincias españolas se quedaban fuera del programa. Entre ellas se encuentran Huesca y Teruel.

"Lo primero que hicimos al ver que las dos provincias quedaban excluídas fue exigir que se realizara también en ellas el despliegue -señala Juan Carlos Planas, directivo del sindicato UAGA-COAG en Aragón-. La Delegación dice que se rige por el número de denuncias, pero es normal que, por ejemplo, en Zaragoza haya más denuncias porque vivimos más personas. Sin embargo, el porcentaje de denuncias en Teruel probablemente será más alto y la alarma social también".

La ejecutiva nacional del sindicato agrario Asaja recibió recientemente el compromiso por parte de Interior de ampliar la cobertura al resto de provincias afectadas. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado y de la Delegación del Gobierno no han confirmado este punto, si bien no descartan que en un futuro se pueda llevar el servicio a Huesca y Teruel.

A la espera de una confirmación oficial se encuentran en la delegación aragonesa de Asaja. Su presidente, José Fernando Luna, confía en que las dos provincias 'olvidadas' acaben teniendo "la seguridad que también necesitan". Fernando recuerda "la importancia de que todo el mundo denuncie cualquier mínimo robo para que conste en las estadísticas oficiales".

Por su parte, Juan Carlos Planas valora de forma positiva "que se vean los robos en el medio rural como un problema", aunque lamenta que la medida no tenga "la dotación de efectivos que resulta necesaria". Además, el directivo de UAGA considera que "el hecho de que los agentes que se destinen provengan de otros servicios es como desvestir un santo para vestir otro". "La falta de efectivos en los cuarteles del medio rural es un problema que viene de largo. No se cubren bajas ni períodos de vacaciones... a veces solo hay una persona", concluye.

La portavoz socialista en la Comisión Política Territorial e Interior en las Cortes de Aragón, Carmen Sánchez, pidió el pasado lunes que estos equipos especializados "se desplieguen también en Huesca y Teruel, sobre todo teniendo en cuenta que son provincias muy amplias con muchas explotaciones ganaderas y agrícolas". Además, añadió que "en estas provincias se cuenta con equipos del Seprona que pueden colaborar como se hace en otros lugares con los equipos especializados".

A falta de medios, ingenio y voluntad

Patrullas ciudadanas, música por los altavoces municipales al aparecer un vehículo sospechoso, cámaras de vigilancia, guardas jurados... son pequeñas soluciones para grandes problemas. Ante la oleada de robos, los ciudadanos de las diferentes localidades aragonesas se han organizado para pillar a los ladrones con las manos en la masa e, incluso, para evitar que actúen. Son parches que, según coinciden las organizaciones sindicales, no logran atajar el problema de raíz.

Denuncia electrónica

Además del despliegue de efectivos, el Ministerior del Interior va a poner en marcha un sistema de denuncia electrónica a través de internet para que los afectados puedan ponerse en contacto de inmediato con las fuerzas de seguridad ante un robo en sus propiedades.

En la reforma del Código Penal presentada recientemente por el Consejo de Ministros se contempla un endurecimiento de las penas, con entre uno y tres años de cárcel para los autores de estos delitos, que en muchas ocasiones actúan de manera organizada.