Desiertas la mitad de las plazas para discapacitados

  El 50 % de las plazas de oposición convocadas por la Administración Pública para personas con discapacidad quedan desiertas, una cuestión que el Gobierno de Aragón analizará para detectar los motivos con el objetivo de corregir los posibles errores y avanzar hacia una mayor integración del colectivo.

Ésta es una de las conclusiones extraídas del Estudio de Diagnóstico de la Situación de la Discapacidad en la función pública aragonesa, elaborado dentro del marco del Plan de Integración a la Diversidad, que se tendrá en cuenta en la redacción de la nueva Ley de Función Pública.

El consejero de Hacienda y Administración del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha presentado este jueves los datos de este informe en una rueda de prensa, en la que ha manifestado el compromiso del Ejecutivo por garantizar la "igualdad de oportunidades".

De los cerca de 44.000 empleados públicos que hay en la Administración Autonómica, un total de 743 tienen algún tipo de discapacidad manifiesta, de los cuales la mayoría, unos 370, trabajan en Sanidad, 264 en la Administración General y 109 en Educación.

El 76 % de los 743 empleados públicos con discapacidad son funcionarios de carrera o tienen un contrato fijo, y el 30 % disponen de un título universitario.

Dentro del Gobierno de Aragón, el departamento de Presidencia y Justicia concentra el 3,43 % de los empleados públicos con discapacidad, frente a Obras Públicas, con un 0,6 %, o la consejería de Política Territorial que no tiene ninguno.

Entre los datos del informe, resalta que el 50 % de las plazas convocadas en oposición para este colectivo quedan desiertas, frente al 10 % de las que quedan sin cubrir en las oposiciones de ámbito general.

Estas plazas que quedan vacantes vuelven de nuevo a la bolsa de empleo y se convocan otra vez a través de oposición, ha manifestado el consejero.

"Vamos a ver si es un problema de evaluación o si las plazas ofrecidas no están bien diseñadas para estos determinados colectivos", con el objetivo de aplicar medidas que favorezcan la integración, ha precisado.

Con esta finalidad, se promoverá también la profesionalización de los tribunales de selección con formación más específica para cada uno de los miembros.

Se revisará también la accesibilidad de la página web del Gobierno de Aragón y se incorporará al Portal del Empleado un espacio dedicado a la diversidad en la Administración desde donde se informará de los procesos de acceso de las personas discapacitadas.

La Ley de la Función Pública, que podría aprobarse en dos o tres meses, ha dicho Saz, tendrá un apartado dedicado a la discapacidad e intentará regular la evaluación de los puestos teniendo en cuenta la singularidad de la persona con discapacidad.

"No hay que hacer distinción sino empezar a tratarlo con normalidad para que la igualdad de oportunidades no se vea mermada porque una persona tiene alguna discapacidad", ha afirmado.

Por otro lado, Saz ha presentado también el Boletín Estadístico del personal al servicio de la Comunidad, en el que se indica que, a fecha de diciembre de 2012, se abonaron 49.652 nóminas desde la Administración, lo que no equivale al número de plazas, ya que se incluyen las sustituciones.

La mayoría de los empleados públicos de la Administración trabajan en Sanidad (un 52 %) y en Educación (35 %).

El perfil del número de empleados públicos, del que el 50 % son funcionarios (24.471), corresponde al de una mujer, con una edad comprendida entre los 45 y 59 años, que disfruta de un clima laboral "satisfecho".

En cuanto a la amortización de puestos de trabajo, Saz ha indicado que afecta más a Educación y Sanidad, y que en Administración General "no ha habido prácticamente, hasta el punto de que hay plazas sin cubrir".