Lobón contempla reducir de 297 a 29 las depuradoras del Plan Pirineos si no hay financiación

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, espera lograr financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sufragar las obras pendientes del Plan Pirineos de Depuración. La situación cambiaría en 15 ó 18 meses, ha indicado en su comparecencia en Comisión de las Cortes de Aragón este martes. 

El consejero ha dado cuenta del "Plan B", que se pondría en marcha si no fructifica el diálogo con el BEI, y que consistiría en construir depuradoras solamente en municipios con más de 600 habitantes equivalentes, lo que permitiría reducir las obras pendientes de 297 a 29. Esto permitiría depurar las aguas de 20.000 del total de 22.000 habitantes del Pirineo aragonés.

Lobón ha aclarado que para los 2.000 restantes se buscarían formas de depurar el agua que no incluyeran la construcción de depuradoras y ha defendido el canon de saneamiento, del que ha dicho que es "un impuesto ecológico y redistributivo, que se deriva del vertido a los ríos, no una tasa por depuración".

El consejero ha informado también sobre el grado de ejecución actual del Plan, señalando que solo hay construidas 20 estaciones depuradoras de las 297 previstas. Se ha alcanzado un grado de ejecución del 98 por ciento en la zona P1, el 96 en la P2, el 83 en la P3 y el 94 por ciento en la P4. Aragón está "comparativamente mejor" que el conjunto de las comunidades autónomas, ha agregado.

Por último, el titular de Medio Ambiente ha dicho que el "Plan Pirineos es bueno, y por eso hemos seguido desarrollándolo a pesar de ser un proyecto heredado" y ha añadido que "tenemos voluntad para que funcione y lo haga de forma transparente, para ello estamos abiertos a replantear por completo el Plan Pirineos ante nuevas formas de hacer las cosas".

Ha anunciado la creación de "una ponencia abierta a todos con el fin de estudiar posibles alternativas a esta situación, al igual que hablamos el plan B con los distintos ayuntamientos y se ha alcanzado un consenso".

Grupos

El diputado de CHA Joaquín Palacín, quien había solicitado la comparecencia, ha manifestado su "preocupación por la situación de los planes de depuración, tan importantes para mantener vivos los ríos de Aragón" y ha criticado al Gobierno que haya estado "dando tumbos sin saber muy bien qué hacer".

Palacín ha alertado del "sobredimensionamiento" del Plan y ha hecho hincapié en que algunas depuradoras están proyectadas para núcleos sin alcantarillado o despoblados.

El diputado de Chunta ha trasladado a la Comisión "las quejas de ADELPA al no recibir respuesta cuando solicitan información", ha preguntado "por qué no se estudia la implantación de depuradoras verdes" y ha pedido que se aclare "si el Gobierno ha recibido fondos que no ha usado para la construcción de las depuradoras y qué ha pasado con ese dinero".

En representación del Grupo Popular, José Manuel Cruz ha expuesto que "todos conocemos las dificultades, que son la ubicación, la dimensión y la financiación", y ha expresado que son problemas "que no se han ocultado y en los que la solución debe ser asumida por todos", por lo que "en prueba del talante del Departamento, se va a constituir la ponencia en la que todos podamos aportar nuestras impresiones y contribuir a llegar a una solución adecuada".

La diputada del PSOE Elisa Sancho, tras señalar que el Plan nació como "un ambicioso proyecto de depuración e inyección económica", ha opinado que desde el cambio de Gobierno "tiene muchos problemas y una velocidad de desarrollo cero", y ha instado al Ejecutivo a "llegar a acuerdos con ADELPA y las empresas concesionarias", ya que "el Plan no debería irse al traste por su mala gestión".

El parlamentario del PAR Joaquín Peribáñez ha puesto de manifiesto que "todos estamos preocupados" y ha señalado como única culpable de la situación a "la falta de financiación". Peribáñez ha defendido, al igual que el consejero, que el canon por saneamiento es un impuesto "que se paga únicamente por verter aguas residuales y no por depurar agua" y ha apoyado el Plan B.

Por último, Miguel Aso, diputado de IU, ha aseverado que "se está sobredimensionando el Plan" y ha reconocido que "uno tiene la impresión de que había que sacar más volumen de depuradoras para que hubiera más margen de beneficio que lo hiciera atractivo a las empresas privadas".

Aso ha afirmado también que, "una vez analizada la evolución del plan, es evidente que su planteamiento no ha sido el acertado" y ha criticado que "se ha regalado dinero publico expropiando tierras que ya no se van a usar si se replantea el Plan", así como la existencia del canon de saneamiento "con el que la gente paga por un servicio que no tiene".

Contaminación atmosférica

Por otro lado, la Comisión de Agricultura ha rechazado una moción de IU relacionada con la contaminación atmosférica y la reducción del ozono troposférico. En opinión de Miguel Aso, encargado de defender el texto de su grupo, "el Gobierno tiene la obligación de trabajar para evitar que se supere el umbral marcado para la protección de la salud humana", por lo que este parlamentario reclamaba, entre otras cuestiones, "poner en marcha un Plan aragonés de lucha" en este sentido.

La iniciativa solo ha recabado el apoyo de PSOE y CHA, por lo que no ha prosperado al recibir el voto en contra de PP y PAR. Desde la primera de estas dos formaciones que sustentan al Ejecutivo, Ana Marín ha defendido que "nunca se ha superado el umbral de información" y que los niveles están "constantemente vigilados por el Gobierno", una opinión similar a la que ha expresado desde el PAR Joaquín Peribáñez al manifestar que "se está actuando correctamente y hay tiempo para conseguir los valores que se marcan para una calidad adecuada".

Por su parte, el diputado del PSOE, Alfonso Vicente, además de presentar una enmienda de adición, aceptada por IU e incorporada al texto, ha apostado por "analizar los efectos reales en la población y en nuestro medio", porque, en su opinión, "los niveles son cada vez más altos". También ha apoyado la iniciativa el parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, reclamando "medidas que permitan planificar y controlar este contaminante".