Zaragoza
Piden la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón por permitir actos fascistas
Varios colectivos entregarán el viernes un escrito a la Delegación en la que denuncian los permisos de actos de organizaciones como Falange Española.
Varias organizaciones, entre ellas partidos como CHA o IU, sindicatos como CGT u OSTA, el 15M, asociaciones de vecinos y otros colectivos han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, por su permisividad con actos fascistas.
Los colectivos firmantes entregarán el próximo viernes un escrito en la Delegación para exigir la dimisión de Alcalde, han informado los demandantes en un comunicado.
Así, han denunciado que el pasado enero el Movimiento Social Republicano realizó una campaña en comercios del barrio de la Almozara y el Actur en la que se colgaban carteles "xenófobos".
Esta misma organización celebró en Zaragoza los días 16 y 17 de febrero la tercera edición de las Jornadas Antiglobalización en la que participaron dirigentes ultraderechistas nacionales e internacionales y un representante se reunió este mismo mes con el líder del partido neonazi griego Amanecer Dorado, Nikolaos Machaloliakos.
Asimismo, estos colectivos han asegurado que se autorizó en marzo un mitin de la Falange Española de las JONS en el Centro Cívico Delicias en el que, según el 15M del barrio, se golpeó a un inmigrante al grito de "y tú qué miras, negro de mierda".
La Falange también fue autorizada en mayo a concentrarse en la Plaza del Pilar contra el aborto y en junio aparecieron pintadas con célticas, esvásticas y lemas como "seig heil" en el barrio de San José y otras durante la manifestación del orgullo gay, según las mismas fuentes.
Por último, han denunciado también que el 21 de junio la Delegación del Gobierno permitió otra manifestación en la que se exhibieron banderas con simbología neonazi y que este verano han aparecido pintadas con esvásticas, "rojos no", "identidad española" o similares en negocios y asociaciones del Casco Histórico "no elegidas por casualidad".
En este sentido, los colectivos firmantes han afirmado que no entienden cómo "se criminalizan actos y manifestaciones de Stop Desahucios, o en defensa de la escuela pública, llegando a prohibir recorridos de manifestaciones, deteniendo maestros o imputando graves delitos a maestros y estudiantes y al mismo tiempo dar cobertura a manifestaciones de carácter xenófobo".
