La oposición critica que el Plan Impulso da carta blanca a la DGA para gastar

Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón, PSOE, CHA e IU, han presentado sendas enmiendas de devolución al proyecto de ley que dará respaldo económico al Plan Impulso, porque incluye modificaciones de crédito sin precisar el destino final, lo que estiman que da carta al gobierno para gastar en lo que quiera sin dar cuenta de ello.

El pleno extraordinario que celebrarán el próximo lunes las Cortes de Aragón incluye el debate y votación de dos proyectos de ley, el primero para conceder créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 190 millones de euros, una vez autorizado el incremento del déficit de la comunidad al 1,3 por ciento en 2013, para dar cobertura al llamado Plan Impulso para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Y el segundo que autoriza la realización de operaciones de endeudamiento por 100 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar a los autónomos y los pequeños empresarios, y que se traducirá en 200 millones de euros para créditos, pues las entidades financieras colaboradoras deberán aportar la misma cantidad.

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha argumentado la presentación de una enmienda a la totalidad al primero de los proyectos, y ha dicho que el Plan Impulso "ni siquiera se cita" en el texto de la ley, y que en definitiva su objetivo es "tapar agujeros que se quedaron pendientes" en los presupuestos de 2013.

"Solo es una enmienda parcial a los presupuestos" y además es "una barbaridad" como se plantean los suplementos de crédito, puesto que 158 de los 190 millones de endeudamiento que plantean van al "cajón de sastre" de la sección 30, afectada a todos los departamentos del Gobierno de Aragón.

Eso supone que el ejecutivo aragonés "va a poder gastar en lo que quiera sin control del Parlamento", ha apuntado Sada, quien ha dicho que "nunca" se había hecho una modificación presupuestaria "de esta forma".

En el mismo argumento ha coincidido el presidente de CHA, José Luis Soro, quien lamenta que se dé "total libertad" al consejero de Hacienda, José Luis Saz, para gastar "como quiera", sin decir "ni para quién, ni para qué, ni en qué".

A su juicio, esta fórmula es "ilegal" e incumple todos los precedentes, puesto que siempre que ha habido una modificación presupuestaria se ha consignado el departamento beneficiado.

Al ir estos 158 millones a la sección 30, se hurta el control al Parlamento, que no podrá examinar, enmendar o controlar las partidas, algo que es impensable en una democracia "con separación de poderes".

Para IU, el proyecto de Ley no deja de ser un "parche" a los recortes presupuestarios del gobierno PP-PAR durante esta legislatura y, además, no recoge "ni una sola medida que aclare el destino de los fondos que va a conseguir el gobierno autonómico gracias al endeudamiento" y tampoco incluye medidas de control parlamentario.

CHA e IU también han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de ley sobre los créditos con el BEI.

Aún estando de acuerdo, Soro ha lamentado que el proyecto no incluya información sobre las condiciones, los plazos de cadencia o los intereses de los créditos que se concederán a los autónomos y a las pymes.

Sada, por su parte, ha dicho que el PSOE no va a votar en contra, pero decidirá el sentido de su voto durante el debate, en el que espera que el gobierno proporcione información más detallada sobre los créditos.

En todo caso, ha estimado que éstos "llegan tarde" y son "insuficientes".

La diputada del PP Yolanda Vallés, por su parte, ha lamentado que la oposición, en lugar de aprovechar la ocasión para "complementar" el plan, haya optado por el "no por el no".

Ha dicho que el recurso a la sección 30 se debe a que se pueda disponer de los fondos con más agilidad, puesto que esta sección está vinculada "con todos los departamentos" del ejecutivo y es la más fácilmente enmendable.

Y ha insistido en que "todos" los grupos conocen "la finalidad, los objetivos y criterios del plan" que, por ejemplo, destina 82,5 millones de euros a políticas de empleo, unos 25,5 al impulso empresarios, y 27 al reforzamiento de las políticas sociales.