Tribunales

CC.OO. pedirá al TS que los empleados públicos de Aragón cobren la extra de Navidad

La sentencia del TSJA avala el derecho de 4.000 trabajadores públicos de la comunidad a percibir parcialmente el pago extra de Navidad de 2012.

CC.OO. recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que avala el derecho de 4.000 trabajadores públicos de la Comunidad a percibir parcialmente el pago de la extra de Navidad de 2012 a fin de que se reconozca su derecho a percibirla en su integridad.


En un comunicado, el sindicato valora la resolución del tribunal aragonés pero considera insuficiente la decisión de los magistrados de reconocer a estos empleados la parte correspondiente a la paga devengada hasta la entrada en vigor del real decreto, que suspendía el derecho de los trabajadores públicos del país a esta paga.


CC.OO. asegura, sin embargo, no sentirse "satisfecha" con la sentencia del TSJA y considera "imprescindible" abordar el "fondo de la cuestión", que para la organización sindical es la "ilegalidad" del decreto del Gobierno central por que se suprimió la paga de Navidad de 2012.


En su sentencia, el tribunal aragonés argumentaba que la suspensión de la paga no podía aplicarse con carácter retroactivo, por lo que el real decreto, de fecha de 15 de julio de 2012, no podía afectar al primer semestre devengado de la extra.


El sindicato denuncia que en la Administración aragonesa la supresión de la paga navideña de 2012 provocó una situación de "discriminación retributiva" respecto a los funcionarios con similares funciones y categorías.


Consideran desde CC.OO. que la situación del país en 2012 no solo no justificaba la medida adoptada por el Ejecutivo sino que fue "contraproducente" para la evolución de la economía española al provocar un retraimiento del consumo que derivó en un aumento del paro.


Para la organización sindical, en el fondo del litigio planteado se confrontan dos opciones ideológicas.


"La de quienes defendemos la necesidad de contar con unas administraciones públicas reguladoras de la vida económica y social", afirma el sindicato, frente "a la de quienes, ocultando sus verdaderas intenciones al electorado, quieren reducir su papel al mínimo".