Aragón

Rudi apoya la labor del Consejo Consultivo de Aragón, que "no puede ser sustituida por la del Consejo de Estado"

Este órgano es el de menor coste dentro de sus homólogos y emitió 216 dictámenes en 2012.

La presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, ha manifestado que la labor del Consejo Consultivo de Aragón "no puede ser sustituida por la del Consejo de Estado, que respetamos y valoramos, pero que, en el desarrollo de su labor, está obligado a atender otras prioridades". 


Así lo ha señalado en el discurso que ha pronunciado tras la toma de posesión de los miembros del Consejo Consultivo de Aragón, acto que ha tenido lugar en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli de Zaragoza, sede del Ejecutivo aragonés, y que ha contado con la presencia del presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y de representantes de los grupos parlamentarios, entre otras autoridades. Además, ha asistido el hasta ahora presidente de este Consejo, Juan Antonio García Toledo, que también lo fue del órgano predecesor a este, la Comisión Jurídico Asesora (COJA), desempeñando este puesto en los últimos 17 años y que ha abandonado a petición propia. Ha sido sustituido este miércoles por Ramón Salanova.


Rudi ha calificado como "esencial" la función consultiva en las nuevas organizaciones públicas y ha resaltado el "apoyo fundamental" que presta el Consejo a los responsables públicos, para afirmar que el Gobierno de Aragón, "además de respetar su independencia, atribuye un enorme valor al contenido de sus dictámenes", así como "a la rapidez y diligencia con la que procede a la emisión de los mismos".


La presidenta de la Comunidad autónoma ha precisado que, "en Aragón, la labor de la COJA y del Consejo Consultivo ha permitido consolidar un importante cuerpo doctrinal" y "la parquedad de los medios con que ha contado no ha supuesto, en modo alguno, un impedimento para la alta calidad de sus dictámenes", algo que "debe atribuirse a los prestigiosos juristas de la institución y a los que esta debe su consolidación".


Mejora la acción del Gobierno


Rudi ha recordado que el Consejo es la "suprema instancia de consulta" del Ejecutivo y de la Administración de la Comunidad y, junto con la COJA, "ha contribuido a la mejora de la acción de Gobierno y de la actividad administrativa, fomentando garantías de legalidad en la toma de decisiones".


La jefa del Ejecutivo aragonés ha tenido un reconocimiento especial para Juan Antonio García Toledo, a quien ha agradecido su "trabajo y dilata y fructífera trayectoria", para añadir que ahora "se inicia una nueva etapa", con parte de sus miembros renovados y con Ramón Salanova como presidente, todos ellos con una "probada hoja de servicios en las diferentes Administraciones públicas o en el ámbito académico".


"A todos les deseo y auguro el mayor éxito en el ejercicio de sus funciones y les agradezco su disposición a prestar este servicio" a la Comunidad autónoma y a los aragoneses, ha concluido Rudi.


El de menor coste


El nuevo presidente del Consejo Consultivo de Aragón, Ramón Salanova, ha señalado que "en estos momentos en que existe una justificada preocupación por el gasto público, puede ser oportuno recordar" que este órgano "es el de menor coste de los 16 similares de otras Comunidades autónomas, sin que esto haya sido obstáculo al prestigio de que goza y ha alzando su doctrina en el mundo jurídico".


Asimismo, "su actividad es intensa, como lo demuestran los 216 dictámenes emitidos en 2012" y "eso no habría sido posible sin la aportación de quienes han pertenecido a él" y, entre ellos, ha hecho mención especial a Juan Antonio García Toledo.


Salanova ha opinado que la existencia del Consejo "está plenamente justificada por la capacidad de autoorganización de la Comunidad y por la dimensión, cada vez mayor, del derecho autonómico propio y la exigencia de plazos breves en la emisión de sus dictámenes".


Ha añadido que la regulación de este órgano "asegura su independencia, objetividad y la rigurosa cualificación técnica" de sus miembros, "lo que es imprescindible puesto que sus dictámenes deben emitirse según consideraciones exclusivamente jurídicas, sin que valoren aspectos de oportunidad o conveniencia, salvo que lo solicite expresamente la autoridad que consulta".


Salanova ha agradecido al Gobierno "la distinción que me otorga", que "para mí supone la culminación de 45 años de ejercicio profesional en las entidades locales y la Comunidad autónoma", algo que "valoro como honroso".


Asimismo, ha defendido la función consultiva y la necesidad de interpretación de las leyes "en la elaboración de las normas reglamentarias" como "apoyo importante a los gobiernos, dada la complejidad y variedad de las cuestiones que la aplicación de un derecho cambiante plantea en la sociedad".


Nuevo Consejo


El Consejo Consultivo está integrado por el presidente y ocho miembros que ostentan la condición política de aragoneses. El presidente debe ser un jurista con más de quince años de experiencia profesional y reconocido prestigio público. Por su parte, seis de los miembros tiene que ser juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional y dos haber desempeñado determinados cargos públicos.


El nuevo Consejo, además de estar presidido por Ramón Salanova, cuenta como juristas de reconocido prestigio con Antonio Embid, Carlos Navarro, Francisco Serrano y Francisco Sáenz de Buruaga, que ya formaban parte de él, así como con Juan García Blasco y José Antonio Membiela, que se estrenan en el cargo, mientras que como miembros que han desempañado con anterioridad cargos públicos están Rafael Santacruz y José Manuel Aspas, que ya pertenecían al Consejo.


Respecto a su funcionamiento, el Consejo posee un pleno y una comisión. El pleno está integrado por el presidente y todos los miembros electivos, reservándose el conocimiento de las competencias de mayor trascendencia jurídica, política y social, como el conocimiento de los anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía y de ley, los convenios de colaboración con el Estado o los acuerdos de colaboración exterior.


A la Comisión, integrada por el presidente y los juristas de reconocido prestigio, se le atribuye el conocimiento de los asuntos de índole administrativa y de especialización jurídica.