El debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón ha servido para que los grupos de la oposición y los que apoyan al gobierno contrastaran su diferente visión del modelo de organización social, en una sesión en la que se ha aprobado una tibia condena a la corrupción sin nombrarla expresamente.

En la sesión de este viernes, la última después de la intervención el miércoles de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, y ade los grupos, se han debatido y votado las 355 propuestas de resolución de los grupos (171 del PSOE, 91 de CHA, 54 de IU, 15 del PAR, 7 del PP y 17 presentadas de forma conjunta por populares y aragonesistas).

De ellas, se han aprobado todas las defendidas por los grupos que apoyan al gobierno y 17 del PSOE, 16 de CHA y 4 de Izquierda Unida, es decir, 37 iniciativas de la oposición.

Los portavoces de los estos grupos han lamentado que Rudi no estuviera presente en el hemiciclo durante sus intervenciones -ha llegado al parlamento cuando comenzaba a hablar la portavoz del PP-.

También han vuelto a rechazar el modelo social que se deriva de las políticas del ejecutivo de coalición y han insistido en que su último objetivo es acabar con el estado del bienestar y crear una sociedad dual, de ricos y pobres.

La corrupción, con el supuesto caso de financiación ilegal del PP destapado por el extesorero del partido Luis Bárcenas, ha sobrevolado de nuevo el debate en el pleno, que ha sacado adelante una iniciativa conjunta de PP y PAR que pretendía rechazar estas prácticas pero en el que la palabra "corrupción" no se mencionaba expresamente.

Así, el pleno ha aprobado "reafirmar su compromiso con las instituciones democráticas y las normas políticas" y mostrar su apoyo y defensa a las instituciones, a la vez que seguir reforzando los instrumentos de pluralidad y debate.

Y, "haciéndose eco del contexto social, económico y político", muestran su "preocupación y rechazo" ante "cualquier situación que atente o distorsione la legalidad, la confianza y las expectativas que la ciudadanía deposita en las instituciones", así como expresan su convencimiento de que las garantías propias del estado de derecho, la acción de la Justicia y la máxima transparencia son el único camino posible para abordar estas situaciones".

Por el contrario, los tres grupos de la oposición han defendido sendas iniciativas para solicitar la dimisión del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, por el caso Bárcenas, al estimar que éste es de máxima gravedad, al incluir el pago de comisiones ilegales por parte de empresas contratistas de contratos públicos y el cobro de sobresueldos de algunos máximos dirigentes del partido.

Ninguna de las tres propuestas de la oposición en este sentido han sido apoyadas por el PP y el PAR.

Con sus propuestas, el PSOE pretendía conseguir un "cambio de rumbo" en la Comunidad para que los derechos dejen de ser privilegios, algo que "no es consentible".

Las propuestas socialistas que han salido pedían el rechazo del déficit asimétrico; el mantenimiento del instituto del cambio climático en la Expo; la potenciación del binomio agroalimentación/turismo; y el apoyo a nuevos proyectos empresariales tecnológicos y de innovación.

Y también facilitar la liquidez a las pymes; apoyar a las empresas afectadas por la crisis y a aquellas de sectores estratégicos; pedir al Estado parte del incremento de la recaudación por la subida del IVA, o emprender acciones de compensación educativa.

Por su parte, CHA ha pretendido plantear salidas al modelo "neoliberal, elitista y jerárquico" del Partido Popular, para el que hay una alternativa de "justicia social, equidad y que sitúe a los ciudadanos en el centro".

Exigir la continuación de las infraestructuras carreteras en obras; apoyar la línea férrea del Canfranc; instar la firma del acuerdo bilateral de financiación con el Estado y la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros; primar el gasto social en los presupuestos; apoyo a la ganadería y a la agricultura ecológicas, o pedir la reunión del Patronato del Archivo de la Corona son algunas de las propuestas que han conseguido que salieran adelante.

Y por IU, su intención era mostrar "el Aragón que se indigna, que sale a la calle, que respira y que no se resigna a seguir viviendo en una comunidad autónoma sin futuro".

Pero solo cuatro propuestas han sido aprobadas: una sobre la reapertura del Canfranc, otra para garantizar una red de transporte de viajeros por carretera que vertebre el territorio, otra para priorizar el plan de desarrollo rural, y la última para evitar la desigualdad educativa.

Los tres portavoces de la oposición han pedido después que estas propuestas aprobadas no queden en papel mojado y han coincidido en señalar que la presentación de propuestas de resolución en un debate de estas características no es la forma adecuada de gestionar para un gobierno, que tiene otros mecanismos más allá de este que, según Gregorio Briz (CHA) son una "operación de maquillaje para que parezca que el gobierno se preocupa de hacer algo".