El sindicato CSI-F teme que la reforma de las administraciones locales que está preparando el Gobierno central suponga que de los 731 ayuntamientos aragoneses, se lleguen a intervenir por una administración de nivel superior (diputaciones provinciales) casi el 40%.

Desde CSI-F señalan que la Diputación Provincial de Zaragoza ya ha iniciado los preparativos para la provisión de una plaza de Interventor, con carácter de habilitación nacional, que sustituirá al actual director de Área de intervención y se hará cargo de esta tarea.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, con 888 millones de euros de deuda, pasando por La Muela, Calatayud, Tarazona, La Almunia de Doña Godina o Ejea de Los Caballeros como ayuntamientos más endeudados en la provincia, hasta Monzón en Huesca y Alcañiz en Teruel se verán obligados a tasar los servicios que prestan a los ciudadanos.

Así, las diputaciones asumirán todas las competencias propias de esos ayuntamientos, "lo que pondría en serio peligro la continuidad de los puestos de trabajo de sus empleados públicos", según CSI-F.

"El valor de estos servicios municipales intervenidos sería tasado y, dada la deuda que arrastran las arcas municipales, con toda seguridad derivado a la iniciativa privada", se dice en un comunicado. 

El sindicato aboga por un llegar a un Pacto de Estado para las administraciones públicas, en el que se prime la eliminación de las duplicidades y de los proyectos faraónicos que han disparado el gasto público.