El sindicato CSIF ha asegurado que el proyecto de Ley de la Función Pública de Aragón aprobado este martes, 11 de junio, en Consejo de Gobierno "está hecho por altos cargos y para altos cargos" y por eso ha estimado que "es una nueva oportunidad perdida". 

Esta organización ha precisado en una nota de prensa que la futura ley "no servirá para garantizar un mínimo de calidad en los servicios que la Administración ha de prestar a los ciudadanos, ni para resolver los problemas que aquejan a su estructura en el día a día" y "todavía menos para preservar la dignidad de las condiciones laborales de los empleados públicos".

Sin embargo, ha añadido, "sí permitirá que se perpetúe el principal mal que aqueja al sistema, la politización de la gestión en las administraciones públicas".

CSIF ha lamentado "profundamente" que el Ejecutivo haya optado, "una vez más, por no respetar el derecho de los representantes de los trabajadores a conocer el contenido y alcance de este proyecto de ley, para poder valorarlo y plantear alternativas antes de su aprobación".

Designación a dedo

El sindicato ha asegurado que "hay muchos puntos que piden a gritos una reconsideración, toda vez que se facilita la designación a dedo y la libre contratación de absolutos desconocedores del ámbito que se ha de gestionar en puestos para los que hay empleados públicos más que preparados para asumir la tarea". 

En este sentido, han apuntado que "se introducen las entrevistas personales, tanto en oposiciones como en concurso de traslados, herramienta que sin duda fomentará la arbitrariedad, la falta de transparencia y, directamente, el enchufismo".

Asimismo, en el caso de los concursos de traslados, "se abre la puerta a que no se convoquen todos los años, como debería ser, e incluso se llega a eliminar el criterio más objetivo que pueda tenerse en cuenta, la antigüedad", de forma que "no se respeta el valor ni de la trayectoria profesional, ni del mérito, ni de la capacidad".

Concursos de traslados

CSIF ha explicado que el Régimen Disciplinario queda restringido a los empleados públicos "de a pie", en tanto los altos cargos de libre designación "pueden actuar a su criterio, sin temor a que, cuando se salten cualquier acuerdo firmado, su incumplimiento pueda traerles consecuencias". 

Además, "se vuelve a discriminar a las clases técnicas, desde auxiliares de Enfermería o agentes de protección de la naturaleza hasta farmacéuticos o veterinarios, al mantener el incumplimiento del acuerdo firmado en 1996 para el desarrollo de su carrera profesional".

Por todo esto, este proyecto de Ley de Función Pública "no pasa de ser casi una copia de su precedente", intento auspiciado por el anterior equipo de gobierno PSOE-PAR, "salvo por su agudización en la merma de derechos laborales".

Para concluir, CSIF ha glosado que el Ejecutivo "no negocia, copia de sus predecesores y se desentiende de las necesidades de los ciudadanos y de los derechos de sus propios trabajadores", filosofía que este sindicato "jamás podrá compartir ni dejar sin respuesta".