Aragón solo alcanza el 'suficiente' en servicios sociales

Aragón se sitúa entre las comunidades autónomas que cuentan con un desarrollo medio-bajo de sus servicios sociales, por debajo de Navarra, que encabeza la lista de los mejores servicios, y por encima de Valencia, Canarias y Madrid, situados a la cola en esta materia, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El estudio que realiza cada año esta asociación, presidida por Juan Manuel Ramírez, y que ha sido presentado este miércoles, mide el desarrollo de los servicios sociales en las diecisiete comunidades autónomas, según la relevancia económica, la cobertura a la ciudadanía y los derechos y la decisión política.

La puntuación media que obtiene el desarrollo de los servicios sociales en el conjunto de las autonomías es de 4,92 puntos sobre diez, lo que a juicio de la asociación confirma el "débil" desarrollo en este área con "miles" de personas en el "precipicio" de la exclusión social.

El informe asegura que el gasto en este área se ha reducido en casi 500 millones de euros anuales entre 2009 y 2012, con siete millones de usuarios en España, lo que puede provocar "la quiebra" de la cohesión social del país.

La única comunidad autónoma con un nivel de desarrollo "alto" es Navarra, seguida de País Vasco y La Rioja, que cuentan con un nivel "medio".

A pesar de que Navarra es la que mejor puntuación obtiene, el informe señala que "resulta paradójico" que tenga una perspectiva negativa puesto que ha reducido su presupuesto en servicios sociales un 15,89 por ciento.

En el escalón de "medio-bajo" se sitúan Castilla y León, y le siguen Cantabria, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha y Aragón.

Con un desarrollo "débil" de sus servicios sociales están las comunidades de Extremadura y Baleares.

Las que cuentan con un desarrollo "irrelevante" y por tanto son las peores, son Andalucía, Galicia, Murcia, Madrid, Canarias y la Comunidad Valenciana, que cierra la clasificación.

275 euros al año por habitante

El gasto anual de las comunidades en servicios sociales se ha reducido un 3,64 por ciento en los últimos cuatro años y han pasado de un gasto medio por habitante de 280,03 euros en 2009 a 275,13 en 2012.

No obstante, el coordinador del informe, Gustavo García, ha valorado que siete comunidades hayan aumentado el gasto como Comunidad Valenciana (14,69 por ciento), Asturias (8,97 por ciento), La Rioja (7,83 por ciento), Comunidad de Madrid (5,18 por ciento), Cataluña (2,68 por ciento), Murcia (1,16 por ciento) y Cantabria (0,25 por ciento).

El hecho de que comunidades como la Valenciana haya incrementado el gasto y aún así esté a la cola de la clasificación se debe, según ha explicado García, a que "el esfuerzo que hace todavía es muy pequeño", es decir, tenía "un punto de partida muy bajo".

Como ejemplo ha citado que en el País Vasco hay una plaza de acogida por cada 1,28 mujeres víctimas de violencia machista, mientras que en Valencia una por cada 30,98.

Los mayores recortes se han producido en Baleares (con un 36,39 por ciento), Castilla-La Mancha (26,74 por ciento), Galicia (18,65 por ciento) y Canarias (18,51 por ciento).

Queja ante la Defensora del Pueblo

Así, el informe pone de manifiesto, según la asociación, una "gran disparidad" en el desarrollo de los servicios sociales.

La asociación también ha querido destacar que el gasto en esta materia es inversión y en ningún caso es determinante para aumentar el déficit de las comunidades.

Los autores del informe han apuntado que lo han elaborado a partir de cifras oficiales que han aportado las comunidades autónomas y han criticado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no facilite estos datos.

Por este motivo, la asociación ha anunciado que este miércoles presentarán una queja ante la Defensora del Pueblo.

A juicio de la asociación, el ministerio debe articular un sistema de información de servicios sociales que ofrezca información "de alcance público, fiable y actualizada".

Asimismo, han valorado iniciativas como la del gobierno canario de abrir los comedores escolares durante las vacaciones tras lo que han animado a las autonomías a que lleven iniciativas en este sentido.