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Noticias: Vivienda - Inmobiliaria

Certificado energético

La ambigüedad de la norma sobre los certificados energéticos facilita los fraudes

La UCA ha expuesto los fallos de lo que consideran un decreto "ambiguo" y han avisado de que controlarán el precio por la instalación de estos dispositivos.

Efe. Zaragoza 10/06/2013 a las 14:35
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Un experto toma imágenes termográficas de una vivienda

La Unión de Consumidores de Aragón ha alertado de los posibles fraudes y abusos que se pueden llegar a cometer en la aplicación del "ambiguo" decreto que regula la obligatoriedad de que los edificios que vayan a ser vendidos o alquilados dispongan de un certificado de eficiencia energética.

El presidente de UCA, José Ángel Oliván, ha criticado en rueda de prensa la "pésima regulación" del Ministerio de Presidencia respecto a este certificado, que se regula en un real decreto "técnicamente nefasto" y que ha sido promulgado "de prisa y corriendo" para trasponer una directiva comunitaria.

El decreto vuelca en las comunidades autónomas la responsabilidad del control, inspección y registro de los certificados, y algunas ya lo han puesto en marcha, con un simple trámite en internet, pero otras, como Aragón, han optado por esperar para hacerlo con garantías jurídicas.

Así, los propietarios tienen la obligación de estar en posesión del certificado y enseñarlo a cualquier persona que simplemente se interese en comprar o vender su piso, y también inscribirlo en un registro.

El real decreto no fija qué profesionales están habilitados para realizarlo, y sólo se refiere, de forma general, a arquitectos, aparejadores e ingenieros.

No existe, ha resaltado Oliván, una acreditación del Gobierno de Aragón para hacer estos certificados, y por lo tanto se crea un "espacio gris" que es "un campo abonado para los abusos", como ya ha sucedido con las revisiones de gas, por ejemplo.

Por eso, Oliván ha insistido en que el consumidor puede contactar para realizar el certificado "con cualquier empresa de España", y ha recalcado que la obtención de este documento, que además tiene carácter meramente informativo y no obliga a nada, sólo es necesario cuando se va a vender o alquilar un piso construido antes de 2007.

Así, la UCA recomienda a los ciudadanos que "no se fíen" de las empresas certificadoras y que ante cualquier duda consulten con el gobierno de Aragón.

Certificados por entre 150 y 200 euros

También ha dicho que estarán atentos a los precios que éstas cobren, porque se han detectado ya precios "sospechosamente similares" y si se observa que se produce concentración de precios, el asunto se llevará ante la Comisión Nacional de la Competencia.

Además, estiman que el Gobierno de España debería poner a disposición de las comunidades autónomas la misma herramienta informática si se quiere cumplir de verdad con el espíritu de la norma, que es disponer de datos para planificar políticas responsables con el consumo de energía.

De obtener este certificado están exentas las edificaciones aisladas de menos de 50 metros cuadrados, las destinadas a uso agrícola y las de culto religioso.

Por todo esto, la UCA planteará al gobierno central que la normativa se mantenga "en suspenso" mientras no quede cerrada.

Según los cálculos de la UCA, es previsible que este año se completen entre 8.000 y 10.000 operaciones de compraventa de vivienda en Aragón, lo que supondría un gasto de entre uno y un millón y medio de euros, teniendo en cuenta que cada certificado oscila entre 150 y 200 euros.




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