El PAR se desmarca del PP y vota a favor de la retirada de la reforma local

El pleno de las Cortes de Aragón ha pedido la retirada de la propuesta de reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno central por considerar que afecta a competencias exclusivas de la Comunidad aragonesa, así como al modelo territorial propio y a "principios esenciales del municipalismo", como la autonomía local y la subsidiaridad.

El plan del Gobierno Central consistía en una reforma que ahorraría 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal

Además, el Parlamento ha estimado que la reforma no tiene en cuenta criterios de rentabilidad social, "con el evidente daño que podría ocasionar a los ciudadanos y no aborda el problema de la financiación local".

Este ha sido el texto aprobado por PSOE, PAR, CHA e IU en las Cortes de Aragón fruto de una iniciativa presentada por los socialistas y transaccionada con una enmienda del PAR, que ha sido rechazado por el PP.

La propuesta contenía otros puntos que han recibido el visto bueno unánime de todos los grupos, que han apostado por buscar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en el que se contemple dotar de la suficiente financiación a los ayuntamientos para poder mantener los servicios básicos.

Igualmente, han abogado por garantizar que todos los ciudadanos sigan recibiendo unos servicios públicos de calidad, "sea cual sea el tipo de municipio en el que residan", y por defender a las Administraciones locales frente a la Unión Europea "como garantes de la pervivencia del medio rural".

En busca de la suficiencia financiera

El pleno ha aprobado otra proposición de ley de CHA sobre la misma cuestión, que ha sido apoyada por unanimidad, y que reclama la reforma de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local con el objetivo de contar con los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales.

Asimismo, reivindica que la modificación de esa ley "no suprima competencias esenciales de las entidades locales que garantizan unos servicios públicos de calidad que recibe la ciudadanía y que configuran y preservan el Estado del bienestar" y "no permita que las diputaciones asuman las competencias municipales". Esta última solicitud ha sido apoyada por todos, menos por el PSOE, que se ha abstenido.

La diputada de este grupo, Carmen Sánchez, ha subrayado la "necesidad de llegar a acuerdos en la defensa de nuestro modelo territorial", frente a una reforma que "pone fecha de caducidad" a los municipios de menos de 5.000 habitantes, como son más del 95 por ciento de los de Aragón, y que "deja la puerta abierta a la externalización y privatización de los servicios".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, ha esgrimido que "hace falta una reforma" porque la actual ley "ha quedado obsoleta" en materia de financiación local y competencias propias e impropias, si bien la propuesta del Gobierno central "no recoge la primera" y lo hace "de manera desdichada" respecto a las segundas.

Avance "insuficiente" para el PAR

La diputada del PP, María del Mar Vaquero, ha defendido las mejoras que ha experimentado el texto del Gobierno central gracias a las aportaciones realizadas desde Aragón, entre otras, en lo relativo a la insuficiencia financiera de las entidades locales, y ha asegurado que su grupo siempre estará a favor de todas las propuestas en defensa de la Administración local.

El diputado del PAR, Alfredo Boné, ha indicado que se ha avanzado en algunos aspectos, pero "no es suficiente" y ha apostado por el "máximo grado de acuerdo político" porque "si perdemos el frente común, perdemos algo más que una votación".

El diputado de IU, Luis Ángel Romero, ha recalcado que los estándares de calidad que propone la futura ley para la prestación de servicios por los municipios "no tienen nada que ver con las peculiaridades de Aragón", para añadir que esta reforma además de implicar un proceso de "recentralización, tutelaje e intervencionismo, da la posibilidad a privatizar".