El PAR, "satisfecho" con la sentencia que impide a la Generalitat gestionar su cuenca

El Partido Aragonés (PAR) ha expresado su "enorme satisfacción" ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) que anula la orden del Gobierno catalán que facultaba a sus responsables a gestionar un plan de gestión de su cuenca fluvial interna.

El vicepresidente del PAR, Alfredo Boné, subraya, en un comunicado, la "trascendencia" de la decisión judicial debido a las afecciones que causaba la iniciativa catalana de gestión de su cuenca a los intereses generales de Aragón en materia de agua.

Boné asegura que los documentos elaborados por la Generalitat incurrían en "importantes extralimitaciones competenciales" que incidían en la demarcación del Ebro, dado que el plan incluía ríos compartidos como el Noguera Ribagorzana, Segre, Matarraña o Algars, "sin tener en cuenta los intereses de Aragón sobre ellos".

"El PAR -afirma- siempre ha tenido clara la ilegalidad, tanto en la forma como el fondo, del decreto aprobado por Cataluña, y por eso impulsamos el recurso desde el Gobierno de Aragón y varios pronunciamientos tanto en la Comisión del Agua como en las Cortes".

Destaca el responsable político que durante la tramitación del periodo de información pública del decreto, el Instituto Aragonés del Agua presentó diversas alegaciones con el respaldo de las fuerzas políticas representadas en la Comisión del Agua.

Al no ser atendidas, el Gobierno aragonés, del que formaba parte el PAR, presentó recursos tanto contra la aprobación del plan de gestión como del programa de medidas desarrollado para su ejecución.Aprobado en 2011

El plan de gestión fue aprobado de forma definitiva el 2 de septiembre de 2011 por el Consejo de Ministros, mediante un real decreto que el PAR solicitó recurrir dado que "mantenía las extralimitaciones competenciales y las afecciones a los intereses de Aragón".

En los pronunciamientos promovidos por el PAR en las Cortes de Aragón, Boné, actual portavoz de su partido en el Parlamento, instó al Gobierno aragonés a instar al Ejecutivo central para "mostrar su oposición ante cualquier propuesta de planificación hidrológica que rompa el principio de unidad de cuenca" y en defensa de una planificación "concertada" entre el Estado y las comunidades.

También planteó reclamar al Gobierno central la "ejecución urgente de todas aquellas infraestructuras de planificación hidráulica pendientes en Aragón y que lastran el desarrollo económico y social de los aragoneses".