El Gobierno de Aragón está estudiando si recurre o no la sentencia que obliga a la Plataforma Logística de Zaragoza (Pla-Za) a pagar 10,96 millones de euros por deudas pendientes, más 3,2 en concepto de intereses, a las empresas contratistas de la urbanización del complejo empresarial.

La sentencia obliga a Pla-Za a abonar cuatro pagarés que se negó a pagar hace un año, por un valor de 10,96 millones de euros, y otros 3,2 millones en concepto de fianza para hacer frente a eventuales pagos por intereses, ha explicado en rueda de prensa el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón.

Ahora, el Gobierno de Aragón analiza la sentencia y tiene veinte días para decidir si presenta un recurso, y después, si decide que no, aun tendrá otros dos meses para proveer el dinero.

El consejero, ante las críticas de los partidos de la oposición, que pidieron su cese en bloque, ha asegurado que no piensa dimitir por su gestión en las empresas públicas, que ha considerado "eficaz y razonable", y ha insistido en que cuenta con el apoyo de la presidenta del ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi.

Ha dicho que el proyecto de Pla-Za es "imprescindible" y ha restado importancia a la sentencia. "Este proyecto no resultara conturbado por una tontería, una cuestión importante pero colateral", ha dicho.

El caso tiene su origen hace dos años, cuando el anterior gobierno, pocos días después de las elecciones, y por tanto en funciones, firmó un reconocimiento de deuda con la UTE formada por Acciona y MLN, para la obras de urbanización del polígono.

Los servicios jurídicos del gobierno entendieron, ha relatado, que no se debían aceptar estas obligaciones de pago, y a ellos se ha referido, y a varios informes de la Cámara de Cuentas, para justificar la decisión que finalmente acabó en los tribunales y con la sentencia conocida hace dos días.

El ejecutivo aragonés, ha enfatizado Fernández de Alarcón, no tiene como objetivo "levantar alfombras", judicializar el proyecto ni "seguir hablando del futuro", pero entendió que debía actuar de esta manera para defender los intereses generales de Aragón.

En todo caso, ha insistido en defender el proyecto de Pla-Za, pero ha dicho que tiene "un solo error", ya que para vender cinco millones de metros cuadrados ha habido que urbanizar trece, y por eso la sociedad "acumula 115 millones de déficit".

A su juicio, en el recinto "sobran farolas, espacios y bordillos".