Despliega el menú
Aragón
Suscríbete

En cinco meses

El Gobierno de Aragón recauda 1.288 euros por atender a inmigrantes indocumentados

De esa cantidad, 828 euros fueron cobrados a siete pacientes en la provincia de Zaragoza; 246, a dos atendidos en Huesca y casi 214, a otros dos en Teruel.

Asociaciones frente al Gregorio Marañón contra la retirada de las tarjetas sanitarias a inmigrantes
Más de 153.000 inmigrantes sin papeles se quedan sin tarjeta sanitaria
EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

El Gobierno de Aragón ha recaudado 1.288 euros por asistencia médica a inmigrantes irregulares en cinco meses, según la Plataforma Salud Universal, para la que esa cantidad no justifica el motivo económico para aplicar el decreto que deja sin tarjeta sanitaria a este colectivo y les priva de su derecho a la salud.

La Plataforma Salud Universal, integrada por más de sesenta organizaciones sociales, ha denunciado este martes la desatención sanitaria que se ha producido en Aragón en los seis meses que lleva en vigor dicho decreto, aunque no ha informado del número de quejas que ha recibido para "no entrar en una guerra de cifras" y porque representan solo la "punta del iceberg".

Así lo ha señalado Katrina Belsué, de Sos Racismo Aragón, en una rueda de prensa en la que ha agregado que todas las denuncias que han remitido al departamento de Sanidad han quedado resueltas, algo que les satisface aunque no del todo porque solo se ha dado solución a casos individuales y de lo que se trata es de defender los derechos de todos, de uno fundamental como es la salud.

Por lo que la Plataforma Salud Universal ha vuelto a reclamar este miércoles al Gobierno aragonés que no aplique ese decreto en la comunidad, como han hecho en otras CC. AA., y que tal como exige el Estatuto de Autonomía se preste asistencia sanitaria y prestación farmacéutica a todas las personas que viven en la comunidad.

Y es que según ha informado Belsué el principal motivo esgrimido para la aprobación del Real Decreto y su aplicación en Aragón ha sido el económico, que en su opinión no se justifica con los datos aportados por el propio consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en una respuesta parlamentaria al partido socialista.

En dicha respuesta se refleja que hasta el 31 de enero, cinco meses después del comienzo de aplicación de dicha norma, el Gobierno de Aragón había recaudado 1.288 euros por asistencia a 11 extranjeros sin tarjeta sanitaria.

De esa cantidad 828 euros fueron cobrados a siete pacientes en la provincia de Zaragoza, 246 a dos atendidos en la de Huesca y casi 214 a otros dos inmigrantes que recibieron atención médica en la de Teruel.

Ante estas cantidades, Belsué ha dicho que en la plataforma se preguntan si es lícito privar de un derecho fundamental por ahorrar 1.288 euros en cinco meses y ha señalado que han pedido reunirse con el consejero pero en el departamento les han remitido a la Dirección General de Calidad y Atención al Usuario.

Unas reuniones en las que la plataforma ha presentado sus propuestas, entre ellas colocar carteles en los centros de salud para informar a los inmigrantes, mientras que los representantes de la Dirección General les han dado a conocer documentos de trabajo y borradores de protocolos de actuación con sus soluciones, pero hasta el momento no han llevado a cabo ninguna, ha denunciado.

Por parte de Médicos del Mundo Aragón, Anunciación Pérez, ha dicho que cada vez acuden más inmigrantes irregulares a su organización para ser atendidos, y también informarse, y ha agregado que no quieren más dinero para esta asistencia porque quien debe prestar ese servicio es la Administración sanitaria, que les quiere "echar encima ese problema".

"Se están produciendo situaciones de desatención sanitaria y nuestra obligación es evidenciarlo", ha afirmado.

Y es que según Pérez aunque la Administración declara que nadie se queda en la comunidad aragonesa sin asistencia sanitaria, la realidad es que algunos trabajadores del sistema público de salud han derivado a Médicos del Mundo Aragón atenciones sanitarias y farmacológicas y seguimientos de casos que no se prestan en los centros públicos.

Mientras que Eddy Castro, en representación de las asociaciones de inmigrantes, se ha referido a que en algunos casos no se les informa de la posibilidad de firmar un compromiso de pago para ser atendido y en otros lo primero que les presentan son la lista de precios de consultas y exámenes, a lo que se añade que tienen que pagar la totalidad de los fármacos recetados.

Por lo que según Castro la aplicación del decreto en Aragón "parece estar orientado a disuadir a este grupo de población de la utilización de los servicios sanitarios" y la atención a los que denuncian son "parches", ya que lo único que quieren es que no se aplique esa norma en la comunidad.

A juicio de Castro, los irregulares evitan acudir a los servicios sanitarios por miedo y desconocimiento de las leyes, no saben qué significa el compromiso de pago y creen que contraer una deuda les puede acarrear problemas a la hora de tener que regularizar su situación.

Etiquetas