Serrat elude una valoración política en las Cortes sobre los comedores escolares

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, ha eludido hacer una "valoración" política del conflicto de los comedores escolares en el pleno de las Cortes de Aragón, a pesar de que los grupos de la oposición la han exigido al entender que este asunto excedía el ámbito laboral. 

En su intervención y en presencia de alumnos de Formación Profesional de la Fundación San Valero, Serrat ha aportado una sucesión cronológica de la huelga de comedores, que tuvo lugar entre el 8 y el 17 de enero, con el objetivo de mostrar que la consejería se implicó en el proceso desde el primer momento y medió entre las partes para alcanzar una solución.

Desde que el día 21 de diciembre los sindicatos anunciaran su intención de convocar una huelga, el departamento que dirige Serrat contactó con la Dirección General de Trabajo para certificar la información y convocó a los sindicatos para que acudieran a una reunión el 3 de enero, a la que no comparecieron, ha explicado.

El 4 de enero, se establecieron los Servicios Mínimos, el último día del plazo para hacerlo, y días después, sin que el departamento fuera informado de que se había interpuesto un recurso contra los mismos, conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón había decidido suspender cautelarmente estos servicios, ha aclarado.

A partir del 8 de enero, la consejería llevó a cabo "numerosas" reuniones para intentar mediar en el conflicto sobre la negociación del convenio que afecta a las monitoras del comedor escolar, con una "implicación constante" desde el primer momento.

Sin embargo, ha señalado, que al tratarse de un conflicto laboral de una empresa privada, no pública, no pudieron llevar a cabo más actuaciones de las que ya realizaron, a pesar de que, según ha reconocido, el conflicto influyó en un servicio "público" de los centros escolares.

"Creo que este es el resumen cronológico y no voy a hacer ninguna valoración de los hechos, porque no me corresponde", ha sentenciado y ha añadido "de lo privado no tengo por qué hablar" desde la tribuna de las Cortes.

Frente a lo declarado por la Unión de Consumidores de Aragón que sostiene que se están dificultando los trámites en la devolución de las cantidades económicas, Serrat ha apuntado que la orden de la Administración es devolver a las familias el importe del servicio que no han recibido.

"Creo que aquí se ha confundido lo que eran las instrucciones mandadas por la Administración con las de un centro concreto", ha detallado. 

Críticas de la oposición

Por su parte, el partido socialista ha lamentado que el Departamento de Educación no haya estado "a la altura" para resolver el conflicto al entender que la responsabilidad frente a las familias recae en la consejería.

La diputada socialista Teresa Pérez ha criticado también los Servicios Mínimos fijados por la Administración, "obviando" un sentencia de años anteriores que invalidaba los mismos servicios mínimos.

A este respecto, la consejera de Educación ha apuntado que la huelga de enero en los comedores escolares era "indefinida" y convocada en periodo vacacional, es decir tenían unas características diferentes a la anterior, que fue en días alternos, por lo que no se podían comparar.

Tanto IU como CHA han insistido en destacar que en este conflicto de origen laboral también hay una "responsabilidad política", ya que afecta a un servicio fundamental en la educación, y han exigido a Serrat una explicación "política".

El diputado de CHA Gregorio Briz ha indicado que este conflicto con las monitoras de los comedores ha sido originado por las políticas de recortes que lleva a cabo el Gobierno, como la subida de precios del comedor o la reducción de las becas.

"Y la patronal -en referencia a la empresa concesionaria del servicio de comedor- quiere unos beneficios porque la Administración no les paga en tiempo. No ha explicado nada de esto", le ha reprochado a Serrat.

Por su parte, tanto PP como PAR, han apoyado la gestión de la consejera, que no teniendo "competencias" en este asunto, se ha implicado, cuando la decisión "más fácil habría sido mirar para otro lado", ha apuntado la diputada popular, María José Ferrando.

Ferrando ha agradecido en tono irónico el comportamiento de Izquierda Unida por su "actitud dialogante" y su "ética política" al encabezar todas las protestas, sin respetar "el derecho de intimidad" de la consejera Dolores Serrat en su vivienda.

Barrena ha criticado que Serrat, en lugar de "respetar" la protesta, la haya "criminalizado", llevando a los juzgados a aquellos que expresan "en la calle pública" que están en desacuerdo con sus políticas.

Además, en respuesta a la diputada popular, Barrena ha asegurado que no iba a tolerar por parte de la diputada lecciones "ni de ética, ni de honestidad, ni de honradez", ha comentado.