El PSOE ha criticado que, desde que gobierna el PP en Aragón, unas 3.059 personas menos están recibiendo la asistencia o ayuda de la dependencia en la comunidad, lo que refleja la intención de "demoler" una ley que reconoce los "derechos" de muchos ciudadanos. 

Según los últimos datos de 1 de diciembre de 2012, en Aragón había 21.413 personas dependientes atendidas, frente a los 24.472 que había en junio de 2011, ha indicado la diputada socialista, María Victoria Broto.

También los beneficiarios con derecho se han reducido, ya que han pasado de 32.858 a 30.754 en este mismo periodo, al igual que los pacientes que están a la espera de recibir la prestación y que han aumentado en 955.

Además, a fecha de 1 de diciembre, también había 236 personas menos atendidas en los centros residenciales que en junio de 2011, cuando había 3.371 en Aragón.

Broto ha apuntado que estos datos corresponden a 1 de diciembre, ya que los sucesivos no han sido publicados todavía, a pesar de que esta información se recogía mensualmente en la página web del Imserso.

"Estamos a finales de enero y todavía no se han colgado. Nos tememos que se haya acabado con la información y la transparencia", ha resaltado Broto, quien ha añadido que su grupo ha solicitado la comparecencia de la presidenta Luisa Fernanda Rudi y del consejero Ricardo Oliván.

Además, ha criticado la entrada en vigor de una tasa de 30 euros para aquellos dependientes que quieran revisar su informe de valoración, una medida que refleja el "afán recaudatorio" del Gobierno.

"Se está viendo que puede convertirse en un negocio", ha puntualizado.

En este sentido, ha señalado que a pesar del "envejecimiento" y la dispersión territorial de la comunidad, la única actuación que ha llevado a cabo el ejecutivo en la ley de dependencia, de noviembre a diciembre de 2012, es aumentar en cinco las plazas de los centros de día.

A esto hay que añadir los "recortes" en el servicio de teleasistencia, para el que el Estado destinaba a Aragón alrededor de dos millones de euros, con los que se atendía a 16.000 personas.

Para suplir esta carencia, el Gobierno de Aragón ha presupuestado un millón de euros, una cantidad "insuficiente", a juicio de Broto, y con la que no se va a poder mantener el servicio como hasta ahora.

Además, esta relajación en la aplicación de la ley de dependencia tiene un impacto directo en el empleo, ya que se han dado de baja 2.689 cuidadores en Aragón - 1.785 en Zaragoza, unos 500 en Huesca y 396 en Teruel-, ha concluido.