El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha apostado por alcanzar "un gran acuerdo político" para reordenar las competencias de las administraciones en la Comunidad. 

"Para conseguir una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de las administraciones locales es necesario un gran acuerdo político con la participación de todos", ha subrayado Suárez en su comparecencia en la Ponencia Especial que estudia la racionalización y simplificación de la administración pública aragonesa bajo la premisa de "una competencia, una administración".

Suárez ha recordado que, en este proceso, "hay que partir de nuestro modelo de organización territorial, que contempla la existencia de municipios, comarcas y diputaciones provinciales".

En ese sentido, el consejero ha advertido de que "las duplicidades no se producen sólo entre administraciones locales, sino también entre éstas y la propia administración autonómica". Por eso, ha asegurado Suárez, "es necesario establecer claramente no sólo las competencias sino los mecanismos de coordinación entre administraciones".

Asimismo, hay que "introducir mecanismos de garantía de que las administraciones locales se van a dedicar a ejercer las competencias que les corresponden mediante los consiguientes mecanismos de financiación" y, en este punto, el consejero ha observado que "si no hay financiación no hay ejercicio de competencias".

El consejero de Política Territorial ha afirmado que "el municipio debe tener autonomía plena para tomar sus propias decisiones sobre la forma de prestar sus competencias y, si no puede hacerlo aisladamente, debieran poder pedir la dispensa de algunos servicios, asociarse con otros, delegarlas o convenirlas con las comarcas o pedir la cooperación provincial". Sobre las competencias municipales, Suárez ha recordado que vienen delimitadas en la Ley de Bases de Régimen Local.

Apoyo a pequeños municipios

Por su parte, las comarcas son entidades prestadoras de servicios y son la administración de apoyo a los pequeños municipios carentes de estructura administrativa, ha defendido el consejero Antonio Suárez.

Al respecto, ha recordado que en 2010, año del que se disponen los últimos datos completos, las funciones transferidas a las comarcas supusieron 83,5 millones de euros (56,5%) frente a las funciones no transferidas, que fueron de 27,5 millones (18,5%).

El cuadro total se completa con 6,5 millones transferidos a otras administraciones públicas (4,5%), 30 millones en servicios de carácter general (20,2%) y 430.000 euros (0,3%) en gastos financieros, intereses, amortizaciones y demás.

Coordinación y cooperación

En su opinión, las diputaciones deben ser quienes presten asistencia a municipios y comarcas, asesoramiento jurídico y técnico y coordinación y cooperación.

Con respecto a las competencias de las comarcas, el consejero ha considerado que "deberíamos hablar de las competencias transferidas y de aquellas que no han sido transferidas todavía". En cuanto a las primeras, Suárez cree que son genuinamente competencia comarcal servicios como Acción Social; Juventud y Deportes o Recogida y Tratamiento de Residuos Urbanos. En cambio, "hay otras cuestiones que se deben reordenar".

En materia cultural, Antonio Suárez ha estimado que las diputaciones provinciales deberían ejercer competencias en cuestiones como institutos de estudio o circuitos de artes escénicas y musicales.

En Protección Civil es necesaria la colaboración de las comarcas con quien tiene las competencias: las diputaciones provinciales y con el propio Gobierno de Aragón.

En turismo, las comarcas "deberían dedicarse a la promoción de la oferta turística de la comarca, mientras que el Gobierno de Aragón debería ser competente en el ejercicio de las potestades autorizatoria, registral, inspectora y disciplinaria sobre las empresas y establecimientos turísticos".

Materias no transferidas

Además, ha apuntado, hay que concretar las competencias de las comarcas en materias todavía no transferidas, especialmente en materia medioambiental; en organización y celebración de ferias y mercados; protección de consumidores y usuarios y concreción de la colaboración con la Administración Educativa para la gestión de la formación permanente de adultos, escuelas-taller y talleres ocupacionales.

En el caso de las carreteras, Suárez ha opinado que no tiene sentido la existencia de dos administraciones competentes en materia viaria dentro de la Comunidad autónoma (diputaciones provinciales y Gobierno de Aragón).

Reducir el número de consejeros comarcales 

El consejero ha finalizado su comparecencia haciendo referencia a dos aspectos singulares. En primer lugar, ha indicado que "es necesario modificar la representación de los municipios en las comarcas y hay que estudiar la reducción, en aproximadamente un tercio, del número de consejeros comarcales".

En segundo lugar, "hay que resolver la situación de la denominada 'Comarca 33'. Se trataría de una comarca impropia que debiera tener una regulación específica por Ley, en donde se estableciera su régimen específico y su coordinación con la ciudad de Zaragoza para la prestación de servicios comunes", ha apuntado Suárez.