La Administración General del Estado (AGE) y sus organismos dependientes contaban hasta el pasado 26 de octubre con un total de 53.124 inmuebles en propiedad, siendo Valencia, con 11.701, la provincia española donde el Gobierno posee mayor número de edificios propios. Además, es arrendatario de un total de 1.347 edificios. En el caso de Zaragoza, cuenta con 2.839 inmuebles en propiedad y con 1.728 en Teruel

Estos son algunos de los datos del Inventario General de Bienes y Derechos del Estado que el Gobierno ha ofrecido a la líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, y al portavoz del grupo parlamentario de la Izquierda Plural, Cayo Lara, quienes habían pedido en sendas preguntas parlamentarias conocer el número de inmuebles que posee la Administración central y su utilización, y el número de edificios que tiene el Estado en régimen de alquiler, respectivamente.

En su respuesta, el Ejecutivo de Mariano Rajoy especifica que suma más de 53.100 edificios en propiedad, sin contar los "vacíos" o "sin actividad", puesto que dice que éstos no constan en la información que obra en el citado Inventario.

Las que menos Lérida y Álava

Por provincias, detrás de Valencia, que encabeza la lista de inmuebles del Estado en propiedad, se encuentran Castellón (4.268), León (3.581), Zaragoza (2.839), Burgos (2.369), Segovia (1.976), A Coruña (1.730), Teruel (1.728), Madrid (1.465), Melilla (1.129) y Guadalajara (1.043). Por contra, las provincias españolas con menor número de edificios estatales son Lérida, que cuenta con 114 inmuebles, Álava, con 142, y Navarra, con 196.

Además, precisa que los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas -los que no son de uso general o servicio público- se elevaban hasta los 35.063 inmuebles hasta octubre del pasado año, fecha hasta la que el Gobierno informa de que también hay 4.983 expedientes de venta de edificios y 165 de cesión de titularidad o de uso.

Asimismo, informa de que el Estado recaudará en 2012 más de 13,5 millones de euros por la venta de fincas urbanas y rústicas y por el alquiler de edificios, superando la previsión anual de ingresos.

En concreto, el Gobierno del PP especifica que, hasta septiembre de 2012, las arcas del Estado ingresaron casi 7 millones de euros por la venta de fincas urbanas y rústicas, y casi la misma cantidad por el arrendamiento de inmuebles.

De forma marginal 

En su contestación a Cayo Lara, quien se interesaba más por los inmuebles que el Estado alquila, el Gobierno indica que es arrendatario de 1.030 edificios y que 317 están alquilados por los organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado.

Y además, tal y como le pedía el líder de la federación de izquierdas, explica las razones que le llevan a mantener edificios en alquiler apuntando que el patrimonio inmobiliario del que dispone la administración estatal "no siempre es capaz de satisfacer las necesidades de superficie, localización o adecuación requeridas" para la ubicación de sus servicios administrativos. "En estos casos, debe  recurrirse, de forma marginal, al arrendamiento de inmuebles", puntualiza el Gobierno.

A renglón seguido, el Gobierno recuerda, además, que el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado 2012-2020, adoptado por la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias el pasado 8 de mayo, contempla la reducción de los gastos de arrendamiento en un 20 por ciento en los dos próximos años.

Para ello, apunta que se están evaluando los contratos de arrendamiento suscritos por la Administración General del Estado y sus organismos públicos con el objetivo de reubicar los servicios en edificios en propiedad. "En los casos en los que esa reubicación no sea posible, se está trabajando en la revisión -a la baja- de las rentas de los contratos", recalca.

Además, y en cuanto a la posibilidad de establecer acuerdos con otras administraciones para reducir los costes de la gestión patrimonial, el Ejecutivo informa de que existen en la actualidad muchos supuestos de edificios de uso compartido por la administración estatal y autonómica con el fin de "optimizar espacios y reducir costes", y que también se ha concertado un número "importante" de operaciones de cesión de inmuebles patrimoniales, para los que no se prevé afectación o explotación, a favor de las administraciones autonómica y local.