Después de dos años

La ley antitabaco no acaba con el humo en los bares aragoneses

Cada mes se abren unos 22 expedientes a locales hosteleros de la Comunidad, una cifra algo inferior a la del primer año de normativa.

Desde la entrada en vigor de la ley, la gente se aglutina a fumar en el entorno de los establecimientos.
La ley antitabaco no acaba con el humo en los bares aragoneses
MAITE SANTONJA

Cuando apenas restan unas fechas para que la polémica ley antitabaco cumpla dos años, el balance de su aplicación cuenta con lecturas muy encontradas según se consulte a partidarios o detractores. Mientras tanto, las cifras dan una lectura real del cumplimiento de la norma: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año se han abierto 245 expedientes e impuesto 118 sanciones (0,35 al día) a locales de restauración aragoneses por el incumplimiento de esta norma.


Por provincias, en Zaragoza se han abierto 202 expedientes e impuesto 103 sanciones tras realizar 10.952 inspecciones en establecimientos de restauración, bares, industrias alimentarias y comercio minorista. En Huesca y Teruel la cantidad de expedientes es mucho menor, 25 y 18 respectivamente; del mismo modo que las sanciones: 2 y 13. El número de inspecciones en la provincia más septentrional de la Comunidad fue de 5.226, y en la bajoaragonesa de 1.237.


Estos datos reflejan un ligero descenso respecto a los registrados a lo largo de 2011, cuando se tramitaron 144 sanciones en doce meses (0,39 al día) después de llevarse a cabo 9.374 inspecciones.


A pesar de que la DGA ha intensificado los registros en el presente año (en once meses se han realizado 8.068 más que en todo 2011), sigue existiendo un buen puñado de locales que hacen caso omiso de la norma, especialmente de madrugada. El modus operandi de muchos de ellos consiste en preguntar uno por uno a todos los clientes si están conformes con que se permita fumar, y sí el acuerdo es pleno y positivo se da permiso para eludir la ley.


Otros optan por bajar la persiana y permitir, directamente, que los fumadores presentes en la sala echen mano del cigarrillo si así lo desean. Un tercer grupo de insumisos da, una vez bien entrada la noche, libertad a sus clientes sin tomar ninguna medida de precaución.


Las sanciones por incumplir la ley antitabaco van desde los 30 hasta los 10.000 euros, e incluso se contempla el cierre del local. En estos dos años, la sanción más alta interpuesta a un mismo establecimiento de la Comunidad ha sido de 15.600 euros, que corresponde a la suma total de tres multas sobre el mismo. Asimismo, la media de las sanciones impuestas en la Comunidad es de 500 euros.


Opiniones enfrentadas


Entre los que defendieron a capa y espada el articulado desde un primer momento no cabe duda de que su puesta en marcha ha resultado "todo un éxito". Así lo defienden desde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), cuyo último estudio concluye que la caída en la venta de cigarrillos (un 10,74% menos de 2011 a 2012) ha estado marcada por la entrada en vigor de la norma.


También indican que "la prevalencia del consumo diario de tabaco entre adolescentes cayó con el debate social de la ley", se producen "un 15% menos de ingresos hospitalarios por asma infantil" ya que "la exposición pasiva al tabaco ha disminuido un 56,9". Como dato concluyente, fuentes de la CNPT subrayan que la contaminación por partículas finas del aire de los locales de ocio ha descendido hasta un 90%.


La lectura de los hosteleros es bien distinta. Enrique Puértolas, presidente de la Asociación Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón (APEHA), lamenta que "especialmente durante los primeros cuatro meses de aplicación afectó duramente al sector", notando los propietarios "un fuerte descenso en la recaudación y provocando una severa destrucción de empleo". A estos deben unirse los conflictos que se generan en el entorno de los pubs nocturnos, a cuyas puertas salen a fumar los clientes generando "malestar entre algunos vecinos".


El principal lamento de los empresarios se sustenta en el "nulo consenso" del Ejecutivo con los afectados a la hora de esbozar una ley que afecta "tanto a propietarios como a ciudadanos". "Se tendría que haber hecho con cabeza, como en otros países en los que se han habilitado espacios, y no lanzar primero una normativa injusta, en la que se premiaba a unos locales sobre otros según su tamaño y por la que se acometieron obras muy costosas, y luego otra", concluye Puértolas.