La Ley de Urbanismo continúa su trámite parlamentario

El proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón continúa con su trámite parlamentario después de que hayan sido rechazadas, en el pleno de las Cortes de Aragón, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, CHA e IU, que consideran que la norma ahonda en la "mala política" urbanística de los últimos años. 

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha defendido esta iniciativa que, a su juicio, pretende simplificar los trámites administrativos, con el objetivo de generar actividad económica y empleo en el sector.

La modificación de la ley contempla reducir el plazo para la aprobación definitiva de los planes generales por el órgano autonómico de seis a cuatro meses, articulando un sistema de intervención previa simultáneo con el análisis ambiental.

Además, pretende también adaptarse a las necesidades de cada territorio y, por ello, da a los ayuntamientos una mayor autonomía para poder elegir el modelo de crecimiento del municipio, decidir la incorporación de nuevos terrenos y fijar los parámetros urbanísticos.

"No son necesarias ni convenientes las mismas cesiones en Monzón que en Valdespartera, la densidad de viviendas debe ir en proporción con cada territorio", ha señalado Fernández de Alarcón.

Por otro lado, este documento, que ha contado con el "consenso técnico", según ha puntualizado, apuesta también por la rehabilitación con el objetivo de recuperar el patrimonio edificado y la reocupación del territorio ya transformado.

Fernández de Alarcón ha insistido, frente a la oposición de CHA, IU y PSOE, que esta iniciativa ofrece "soluciones" a los problemas técnicos "reales" de aplicación de la normativa; "clarifica" competencias"; "coordina procedimientos" y aporta "mayor autonomía" a los ayuntamientos

Por su parte, el diputado de CHA Gregorio Briz ha apuntado que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad, al entender que es una ley que "beneficia" el interés particular, frente al general, al "privado", en lugar de al "público".

Ha alertado, además, de que puede favorecer la especulación en materia urbanística, dada la "desrregularización", además de no reservar suficiente suelo para equipamientos públicos, como colegios, plazas de aparcamiento o centro de salud, entre otros.

"Se rebajan las ofertas de suelo para equipamientos públicos, porque contempla 18 metros cuadrados por vivienda y nosotros defendemos 6 metros cuadrados por habitante", ha subrayado.

Por su parte, IU y PSOE, que también han presentado una enmienda a la totalidad, han criticado el procedimiento de elaboración de la ley al considerar que ahora es mucho "más confusa y difícil" de interpretar.

"Modificar 164 de los 290 artículos ha sido un trabajo ingente que ha dificultado la labor de cotejar a los grupos de la oposición", ha señalado el diputado de IU Miguel Aso, mientras que el diputado socialista José Ramón Ibáñez Blasco ha precisado que su elaboración ha sido una "verdadera chapuza".

Además, ha indicado, los ayuntamientos no tienen "capacidad jurídica ni técnica" para defenderse de los intereses de los posibles "inversores privados".