Los grupos parlamentarios del PAR y del PP, coaligados en el Gobierno aragonés, han presentado 31 enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2013, entre ellas una para la creación de un Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente que estará dotado con 7,6 millones de euros. 

El contenido del acuerdo ha sido detallado en rueda de prensa por el portavoz de la formación aragonesista en las Cortes de Aragón, Alfredo Boné, quien ha explicado que el Fondo engloba un conjunto de acciones de carácter social y socioeducativo, dirigidas a reforzar las cuantías destinadas a paliar las dificultades que atraviesan los colectivos sociales más vulnerables.

El Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente se destinará a ayuda social (2,5 millones), a alquiler social y a familias afectadas por procesos de desahucio (2 millones) y a actuaciones socioeducativas (3 millones), informa el PAR en una nota de prensa.

Boné ha explicado que las actuaciones previstas para el ámbito socioeducativo están dirigidas a reforzar la dotación de ayudas para comedores escolares (600.000 euros), centros especiales de empleo (700.000), escuelas taller (700.000) y escuelas infantiles (1 millón).

Según las enmiendas presentadas, el Fondo dispondrá de partidas específicas en las secciones presupuestarias correspondientes a distintos departamentos, así como con cargo a Obras Públicas y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

A través de las iniciativas pactadas con el PP se propone la creación de un nuevo Fondo para el Empleo y la Competitividad, que agrupa todas las acciones ya contempladas en el proyecto presupuestario dirigidas a este campo y las aglutina en un único anexo a fin de facilitar su seguimiento.

Las enmiendas también prevén la posibilidad de reasignar los créditos destinados a las diversas administraciones locales, el denominado Fondo Local, y adaptarlos a las exigencias que plantee la ponencia especial constituida en las Cortes de Aragón para la redefinición de las competencias de las administraciones.

Además, a través de una disposición adicional se mandata al Gobierno aragonés a establecer un nuevo marco de negociación con la Universidad de Zaragoza que permita evaluar las necesidades económicas de la misma y establezca un "escenario financiero estable" que incluya un plan de infraestructuras y un plan de devengo de la deuda pendiente que permita el mantenimiento de la calidad docente e investigadora.

La enmienda presentada por el PAR ha provocado las críticas del grupo de CHA al entender que su propuesta de reducción del Foro de Contigencia autonómico para captar 4,6 millones de euros para acciones de carácter social es contrario a la ley.