Los gobiernos autonómicos de Murcia y Castilla-La Mancha son los menos transparentes de España, mientras que los del País Vasco, La Rioja y Cantabria obtienen los mejores resultados en el estudio realizado por Transparencia Internacional España. 

Aragón se sitúa en la mitad de la tabla con una puntuación del 75,0, en 2012 algo lejos del 97,5 del País Vasco, la primera comunidad de la clase y por debajo de la media nacional que es un 79,9. Sin embargo, Aragón ha aumentado su nivel de transparencia con respecto a 2010 donde obtuvo una puntuación de 70,0.

 El informe, presentado en Madrid, señala que todas las autonomías aprueban en el índice de transparencia y superan en conjunto la puntuación alcanzada en el anterior estudio, al conseguir una media de 79,9 (sobre 100), frente a la cifra de 71,5 de 2010.

Hasta siete autonomías consiguen el sobresaliente: País Vasco (97,5), La Rioja (97,5), Cantabria (95), Andalucía (92,5), Navarra (91,3), Castilla y León (90) y Galicia (90). Junto a Murcia, con una puntuación de 55, y Castilla-La Mancha (58,8), en la parte más baja de la lista se sitúan la Comunidad Valenciana (63,8), Canarias (63,8) y Asturias (66,3).

Respecto al anterior informe, once autonomías han conseguido aumentar su nivel de transparencia, pero en seis ha descendido (Murcia, Madrid, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña).

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y los también autores del informe Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria han afirmado que las autonomías han hecho un esfuerzo "importante" respecto al anterior índice, especialmente en casos como los de País Vasco y Cantabria.

Asimismo, este estudio pone de manifiesto que algunas autonomías ya cumplirían los objetivos previstos para la futura ley de transparencia, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

De hecho, Cantabria ya la cumpliría en el cien por cien, a la vez que Andalucía, País Vasco y La Rioja alcanzarían el 93,3 por ciento de los objetivos de la norma aprobada por el Ejecutivo central.

En el extremo opuesto, se situarían Murcia y Castilla-La Mancha, que, según esta organización, solo consiguen unas puntuaciones, respecto a los parámetros de la futura norma, de un 46,7 % y de un 33,3 %, respectivamente.

Lizcano, que ha querido dejar claro que un índice de transparencia no debe ser asimilado a la corrupción, ha indicado que el área económica y financiera es donde más fallan las autonomías, con una puntuación de 69,7 sobre 100.

En cambio, los niveles más altos de transparencia corresponden a los ámbitos de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas (89,9), de relación con los ciudadanos (89,1) y de información sobre la propia comunidad (84,8).

Las comunidades pequeñas, más transparentes

Las comunidades pequeñas, con menos de dos millones de habitantes, son las más transparentes, seguidas de las medianas (entre dos y cinco millones), mientras que las mayores (con una población superior a los cinco millones de habitantes) tienen un nivel de transparencia ligeramente menor.

Además de superar su propia nota respecto a 2010, las autonomías también presentan un nivel de transparencia en conjunto superior al de los ayuntamientos, que en la última edición lograron una media de 70,2.

Los autores del informe han destacado la importancia de tener un alto nivel de transparencia en estos momentos de crisis económica, a la hora de ganar credibilidad ante Europa y poder conseguir financiación. Además, Transparencia Internacional España ha apostado por que este informe de las autonomías sirva como "acicate" para que los gobiernos regionales mejoren su nivel.

Según Sánchez Lambás, es muy "loable" que la mayoría de autonomías continúe con este esfuerzo en un momento de crisis económica, de recortes y de adelgazamiento de su estructura, a la vez que ha resaltado que la posición de las comunidades españolas no es "desventajosa" respecto a la de los territorios alemanes, franceses e italianos.

Este "buen nivel" es un motivo de "satisfacción", ha apostillado. Para los autores del informe, alegar los recortes para reducir el nivel de transparencia solo pondría servir como "coartada", ya que ofrecer información no supone coste económico para los gobiernos regionales. 

Villoria ha reiterado que no hay que confundir transparencia con corrupción, pero que sí es cierto que aquellos con un nivel más alto de información gozan de niveles más bajos de corruptela.

En este punto, ha advertido a aquellos con los niveles más bajos que deben replantearse su política de comunicación y de relación con la ciudadanía para que no se generen situaciones que lleven a algunas personas a abusar del poder y cometer actos ilícitos.