La oposición critica el cierre de oficinas del Inaem

Los grupos de oposición en las Cortes de Aragón han lamentado este lunes las decisiones tomadas por el Gobierno respecto al Instituto Aragonés de Empleo, una "irresponsabilidad" ya que suponen el despido de personal, el cierre de oficinas y la reducción de recursos en un momento en el que hay más de 100.000 personas sin trabajo en la comunidad.

Asi lo han indicado los portavoces de los grupos del PSOE, IU y CHA en la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes, donde este lunes ha comparecido el director gerente del Inaem, Jorge Escario, para dar detalles sobre el Plan de Reestructuración y Reordenación de los servicios de este centro y explicar cómo afectará a los usuarios del mismo.

Escario ha insistido en que con el citado plan se ha intentado "optimizar" los recursos personales y materiales disponibles, aunque ha reconocido que ha habido que cerrar algunas oficinas, concretamente en Fraga y en Monzón, así como puntos de apoyo en Boltaña, Sariñena y Graus.

Ha dejado claro que no se va a proceder al cierre de ninguna oficina más pero no ha descartado que se pueda trasladar alguna de ellas, ya que se pretenden ahorrar los costes de arrendamiento instalando estos servicios en locales del propio gobierno o de los ayuntamientos o comarcas donde se localizan.

Respecto a los 94 orientadores laborales que perderán su empleo el próximo 31 de diciembre ha recordado que estaban contratados en vinculación con dos programas nacionales que ya no tienen financiación, pero ha asegurado que sus puestos serán ocupados por 33 personas de las direcciones provinciales o de gerencia y por otros funcionarios que sean excedentarios en otros departamentos.

Todos ellos recibirán la formación adecuada para prestar este servicio, ha añadido Escario, quien ha insistido en que "el plan no va a suponer un impacto negativo en el servicio".

El diputado socialista Florencio García Madrigal ha considerado que el Gobierno de Aragón está "desguazando" el Inaem y tratando este servicio como si fuera "un negocio con liquidación de existencias" en un momento en el que el desempleo no deja de aumentar y hay menos cotizantes que nunca.

Ha calificado de "grotescas" las decisiones del departamento y de "burla" la política "de desinformación" que lleva a cabo el ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, a quien ha pedido que no cierren más oficinas ni edificios ni servicios, que no despidan a empleados que se dedican a atender a desempleados y que repongan al menos 50 millones de euros que "se nos han quitado".

José Luis Soro, de CHA, ha lamentado que se despida a 94 personas muy formadas que han conseguido muy buenos resultados en la contratación de desempleados, y ha dejado claro que el citado plan sí va a tener consecuencias negativas para las personas sin trabajo, para las empresas y para el mundo rural, teniendo en cuenta las oficinas que se van a cerrar, sobre todo en el Alto Aragón.

"Es una irresponsabilidad recortar en políticas de desempleo" con un número de desempleados altísimo que son "consecuencia de estas políticas sin sentido", ha dicho Soro, mientras que el diputado de IU Luis Ángel Romero ha pedido a Escario que retire el plan por el perjuicio que supone.

Se presentó como el plan "suma", ya que "simplifica, une, materializa y avanza", pero se ha convertido en el plan resta, es decir, "que retrocede, esconde, suspende, torpedea y ajusta", ha concluido Romero.

Los diputados de PAR y PP, Antonio Ruspira y Yolanda Vallés, respectivamente, han coincidido en que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por continuar con las políticas activas de empleo pero se debe tener en cuenta que el momento económico es el que es y los presupuestos disponibles son los que son.