Aragón deniega la tarjeta sanitaria a 25 inmigrantes con derecho a asistencia

Las sesenta organizaciones que integran la Plataforma Salud Universal han denunciado que al menos 25 inmigrantes en Aragón, algunos de ellos menores y enfermos crónicos, se han visto privados de la tarjeta sanitaria a pesar de tener derecho a ella, según lo estipulado en el Real Decreto Ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. 

Según estas organizaciones, esta situación refleja la "confusión" existente en los centros de salud ante la aplicación de una normativa que "vulnera" el derecho a la sanidad de miles de inmigrantes y que ha entrado en vigor sin que previamente se valorara el "impacto" sobre la sanidad aragonesa.

"Este maremágnun desinformativo ha provocado que la interpretación de la norma sea confusa y que, incluso, se niegue la tarjeta sanitaria a personas que, según la ley, sí que tienen derecho a ella", como es el caso de las embarazadas o enfermos crónicos, ha señalado en rueda de prensa, el portavoz de SOS Racismo, José Luis Aliaga.

Algunos de estos casos se han resuelto, gracias a la mediación de las organizaciones sociales y tras presentar reclamaciones al Gobierno de Aragón, pero todavía quedan muchos otros sin solucionar, ha precisado.

"No sabemos a cuántas personas, teniendo derecho a la tarjeta, se les ha negado, pero detectamos un conjunto de casos significativos que podemos extrapolar proporcionalmente a los miles de inmigrantes que se han quedado sin asistencia", ha destacado.

Uno de esos casos corresponde a un joven de Nigeria, enfermo de VIH, a quien se le ha negado asistencia médica y un tratamiento médico, cuatro meses después de que le diagnosticaran la enfermedad en un centro de salud aragonés.

Tampoco una joven de 19 años, con problemas cardiovasculares, pudo iniciar el tratamiento de sintrom prescrito por el médico después de someterse a una delicada operación.

"Se le negó la analítica y el tratamiento y, debido a ello, tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza", ha comentado Erika Chueca, portavoz de Médicos del Mundo en Aragón.

Algunos de ellos acuden a las ONGs u organizaciones que componen la Plataforma Salud Universal en busca de ayuda, pero éstas no tienen la "capacidad suficiente" para atenderlos debidamente.

"Nos negamos a hacer el papel del Gobierno, porque no tenemos capacidad, ni somos quienes para resolver problemas que debería resolver el Estado. Son patologías serias y tratamientos crónicos que nosotros no deberíamos estar atendiendo", ha explicado Chueca

En concreto en Aragón, calculan que cerca de 15.000 inmigrantes -muchos de ellos con escasos recursos económicos debido a la crisis- se han quedado sin tarjeta sanitaria a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley.

Eddy Castro, portavoz de la asociación de inmigrantes Atarraya, ha lamentado que esta normativa trate a determinados extranjeros como "ciudadanos de segunda" y que haga inalcanzable la sanidad para este sector de la población.

En este sentido, ha recordado que el inmigrante que reciba asistencia médica está obligado a firmar un compromiso de pago, "un cheque en blanco", en el que no se estipula el coste de la intervención.

Si este paciente procede de un país con el que España no tenga suscrito un convenio sanitario , que suele ser la mayoría de los casos según la plataforma, debe asumir el coste total de la factura, ha afirmado Castro.

En el caso de que no pueda pagar el importe, el paciente contrae una deuda con la Administración, lo que le impedirá luego "regularizar" su situación o acceder a determinados servicios públicos, ya que, según la Ley de Extranjería, no podrán acceder a ellos las personas endeudadas con el Estado,.

Ante esta situación, la plataforma ha exigido al Gobierno de Aragón la creación de una comisión de seguimiento para analizar el impacto de la normativa en la sociedad inmigrante y corregir posibles fallos, en la que estén representadas las organizaciones sociales.

"Estos casos de desatención son la punta del iceberg. Hay miles de personas que, ante la perspectiva de tener que firmar ese compromiso de pago, no están acudiendo a los centros de salud", ha resaltado José Luis Aliaga.