Las Cortes de Aragón han solicitado al Gobierno de Aragón de forma unánime la presentación en el próximo periodo de sesiones del Proyecto de Ley del Empleado Público de la Comunidad autónoma de Aragón, después de que se haya llegado a un acuerdo entre los grupos parlamentarios alrededor de una iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública celebrada este jueves.

En este sentido, la diputada socialista Ana Fernández ha querido enmarcar esta propuesta en la idea de que, "ahora más que nunca, los funcionarios son fundamentales y, por tanto, el Gobierno debe adoptar sus propias decisiones en este ámbito para reorganizar la administración".

Fernández ha cerrado filas en torno a la función de los empleados públicos, "víctimas de una estrategia de desprestigio que permita más facilidad para desmantelar servicios" y se ha felicitado por "disponer ya de un acuerdo unánime, que no es lo mismo que un compromiso".

Por su parte, la representante del PP, Nuria Loris, ha recordado la normativa estatal en la que se enmarca el futuro proyecto de ley del empleado público, que data de 2007, y, por lo tanto, "ustedes, en referencia al PSOE, han pedido algo que no supieron hacer en dos años", a la vez que ha mostrado su confianza en que el documento "sirva para racionalizar y renovar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos".

En una línea similar se ha expresado el portavoz económico del PAR, Antonio Ruspira, que ha recordado el compromiso del consejero de Hacienda, José Luis Saz, "hace apenas dos semanas", de traer el anteproyecto a las Cortes de Aragón "antes de que finalice el año o, como mucho, a principios del que viene". Al respecto, Ruspira ha indicado que, "de momento, no se puede hablar de incumplimiento", y ha concretado "el deseo del PAR de que se presente esta ley" con una enmienda in voce que, al final, se ha debatido y ha dado lugar a la redacción definitiva.

El parlamentario de CHA, Gregorio Briz, ha señalado, en relación al consenso alcanzado, que "ya era hora que los funcionarios tuviesen una buena noticia" y ha basado la importancia del nuevo texto legal "en un triple eje, que recoge la necesidad técnica, legal y política de una nueva normativa" que, en su opinión, "corrija el vacío legal y proporcione al empleado público unas reglas de juego claras".

Por último, Patricia Luquin, en nombre de IU, ha incidido en la necesidad del nuevo texto legal por "dos motivos, porque es un compromiso del Gobierno y porque es una ley muy demandada", ya que, según ha explicado, "nos encontramos en un momento en que se cuestiona de forma sistemática el papel de los empleados públicos, cuando países como Suecia o Alemania ofrecen mayor porcentaje de funcionarios y no tienen los problemas de crecimiento del PIB que tenemos nosotros".

Desbloqueo de partidas presupuestarias

La segunda de las iniciativas del orden del día, también defendida por Ana Fernández, no ha sido aprobada. El apoyo de CHA e IU a la proposición no de ley del PSOE que pedía el desbloqueo de "las partidas presupuestarias necesarias, antes de la finalización del año, para cumplir con las organizaciones y asociaciones que tienen amplia demanda social" no ha sido suficiente, puesto que PP y PAR no han considerado conveniente su aprobación.

Al respecto, Fernández pretendía la revisión del 5% retenido este año en todos los departamentos del Gobierno de Aragón, hasta 257 millones euros, como consecuencia del Plan de Reequilibrio Económico Financiero, puesto que "deberíamos poner las necesidades de las personas por delante de los objetivos de déficit".

La parlamentaria ha recordado que "la situación económica ha ido cambiado para mal desde febrero, y nos hemos encontramos en un momento de emergencia social".

PP y PAR han justificado su negativa a apoyar la iniciativa. Mientras el diputado popular Jorge Garasa ha defendido la gestión económica del Gobierno de Aragón, "venimos de donde venimos y las medidas que se toman no sonde ninguna manera caprisochas", ha dicho. El portavoz del PAR, Antonio Ruspira, ha recordado que su formación "es partidaria de flexibilizar el objetivo del déficit", pero también de "cumplir con la ley", en referencial a los acuerdos adoptados tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mayo de 2012.

CHA e IU han aplaudido la iniciativa. Gregorio Briz, en nombre la primera formación, ha respaldado su postura al calificar la política económica actual de "insuficiente, errática e impresentable, que no sirva para nada", mientras que para Patricia Luquin, desde IU, la iniciativa "no solo era necesaria sino, en nuestra opinión, imprescindible, ya que todos los datos y parámetros son negativos y la situación de la sociedad aragonesas es de emergencia total".