La DGA eleva las afecciones de las riadas a 105 municipios

El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, apuntó que los daños de las riadas afectaron a un total de 105 municipios de Aragón y elevó los daños a infraestructuras y bienes dependientes de la DGA a los 30 millones de euros. Suárez incidió en que aún debe cuantificarse los desperfectos sufridos en los municipios, lo que elevará la factura final en varios millones.

Suárez defendió la coordinación y gestión de las distintas administraciones implicadas frente a las únicas críticas del PSOE y dejó muy claro que la prioridad será ahora recuperar los servicios para los ciudadanos afectados. "El Gobierno estará donde tiene que estar, prestando los servicios necesarios", dijo.

El responsable popular también adelantó que el Gobierno central aprobará en noviembre un decreto ley para atender las últimas catástrofes naturales acaecidas en España y que la DGA está "en conversaciones" para que se dé cobertura a la riada de la semana pasada en Aragón. El consejero aseguró que hay buena disposición por parte del Gobierno de Rajoy.

Según añade la agencia Efe, Suárez ha hecho hincapié en que el objetivo del Gobierno desde el primer momento ha sido la atención a los ciudadanos, coordinarse lo mejor posible con las instituciones y, una vez pasadas las lluvias, evaluar los daños y dar solución a los problemas más urgentes. 

Sin embargo, Javier Sada, del PSOE, aunque ha agradecido a Suárez su pronta comparecencia en las Cortes, ha asegurado que ante estos sucesos "esperaba más" del Gobierno, porque esos días se limitaron a "dar paseos" por los municipios cuando "al pie de cañón", con máquinas, estuvieron las diputaciones, los ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer en materia de protección civil, ha insistido Sada, pero en su opinión ha actuado con "falta de respecto institucional" al excluir de las reuniones de Ejea y Jaca a los alcaldes de los municipios afectados, cuando luego a los damnificados se les remite a los ayuntamientos, y eso es "una auténtica desfachatez".

Además, ha insistido en que el Gobierno tiene más responsabilidades y ha preguntado si va reclamar la zona catastrófica.

Suárez ha replicado a Sada que siente que sea la voz discordante del parlamento, ha opinado que los socialistas, no sólo en el ámbito nacional, están "un poquito descolocados" y ha considerado que tanto él como el líder del PSOE aragonés, Javier Lambán, no han estado "a la altura de las circunstancias".

Por su parte, Joaquín Palacín, de CHA, ha informado de que su grupo ya ha registrado una iniciativa para la declaración de zona catastrófica, ha instado al Gobierno a que presione en Madrid para que aumenten las ayudas y le ha planteado si va a investigar quien concedió las licencias de las viviendas que se han derrumbado en Castiello de Jaca, en una zona inundable.

Para Luis Ángel Romero (IU), es el momento de valorar los daños, de coordinar las ayudas de las distintas administraciones, de pedir al Estado la declaración de zona catastrófica y tramitar con diligencia todos los expedientes de los damnificados.

También, ha añadido, de reflexionar sobre la necesidad de mayores inversiones para corregir las deficientes defensas y la escasa limpieza de los ríos y de mejorar la legislación urbanística para proteger mejor los cauces.

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, del PAR, ha valorado la rapidez de actuación y capacidad de reacción del Gobierno y las demás instituciones, que se han coordinado "razonablemente bien".

Asimismo, ha destacado las medidas urgentes que ha decido poner en marcha el ejecutivo, al tiempo que ha advertido de que las lluvias torrenciales son un efecto del cambio climático y ha reivindicado persistir en la política de obras hidráulicas porque permiten laminar el efecto de las avenidas de los ríos.

Finalmente, el portavoz del PP, Antonio Torres, ha destacado la solidaridad ciudadana, el funcionamiento de los servicios de emergencias y la coordinación institucional, y también el trabajo "extraordinario" del Gobierno, así como la necesidad de reflexionar sobre cómo mejorar el funcionamiento de los servicios partiendo de una "nota alta" y del papel que hacen las obras de regulación sobre la laminación de avenidas.

Además, ha reprochado al PSOE su "obsesión" por las fotos, en las que no salen, ha aseverado, porque "tienen poco que decir y nada que hacer".