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Cortes de Aragón

La abstención del PAR impide recurrir el decreto de ajustes

El recurso de inconstitucionalidad ha sido rechazado por pleno de las Cortes de Aragón, con los votos en contra de los populares y a favor de la oposición (PSOE, CHA e IU).

Alfredo Boné (PAR) en el pleno de las Cortes de Aragón
La abstención del PAR impide a las Cortes recurrir ante TC el decreto de ajustes
OLIVER DUCH

El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado, con los votos en contra del PP, a favor de la oposición (PSOE, CHA e IU) y la abstención del PAR, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios de los artículos del decreto ley del Gobierno de España de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Este real decreto ley fue aprobado por el gobierno de la nación el pasado 13 de julio y el grupo parlamentario de CHA entiende que algunas de las medidas que contiene vulneran competencias asumidas por la comunidad autónoma en su Estatuto de Autonomía.

Esto es lo que llevó a CHA a presentar la solicitud para la celebración de un pleno extraordinario en las Cortes, que se ha celebrado este jueves, para que se adoptara un acuerdo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos del real decreto ley, los que se refieren al régimen jurídico de los empleados públicos y a la liberalización de horarios comerciales.

El diputado de CHA José Luis Soro ha defendido la propuesta, con el argumento de que estas medidas las ha tomado quien no es competente para hacerlo, además de ser "profundamente injustas, abusivas e injustificadas", una "auténtica agresión a los derechos laborales y sindicales de los empleados públicos", pero también una "puntilla" al pequeño comercio.

Son ámbitos que "le son ajenos" al gobierno de la nación, ha agregado Soro, quien ha insistido en la necesidad de defender el autogobierno en un contexto de "involución autonómica" y en el que se culpa "de todo" a las comunidades.

Las Cortes, ha apuntado, no pueden "ceder ni una coma" ni permitir al gobierno central que invada sus competencias, y en este aspecto, el "único competente" para decidir si una ley es inconstitucional o no es el Constitucional, y basta con que haya "una duda, una sospecha", para que el parlamento lleve el tema a este tribunal.

Según el Estatuto de Autonomía, corresponde a Aragón la competencia de régimen estatutario de los empleados públicos de la comunidad, aunque el Estado puede aprobar normas básicas, y según Soro el real decreto ley "no permite tomar ni una sola decisión sobre los funcionarios" de Aragón, al tiempo que deja en "papel mojado" las competencias sobre negociación colectiva o derechos sindicales, pero también la competencia exclusiva sobre comercio.

Pero la diputada del PP Yolanda Vallés, más allá de defender que las medidas son "plenamente acertadas" en un contexto económico que requiere "compromiso con la estabilidad y la competitividad", ha rechazado que vulneren el Estatuto de Autonomía.

A su juicio, lo que hacen es modificar los límites de determinadas cuestiones, como los derechos de los funcionarios o los horarios comerciales, pero no la capacidad de las comunidades para adaptar la norma a las características de sus territorios.

También ha insistido en el "pleno compromiso" del gobierno de Aragón con las competencias que tiene atribuidas y con el autogobierno.

El PAR se ha abstenido en la votación, y su diputado Antonio Ruspira ha explicado que lo pertinente en este caso es solicitar informes sobre la necesidad de presentar o no el recurso a los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón y del propio gobierno, para obtener un "doble diagnóstico" que dé garantías de éxito.

En este sentido, Soro ha anunciado que CHA va a registrar una petición para que los servicios jurídicos de la cámara elaboren ya este informe, en tanto en cuanto el plazo para presentar un recurso de inconstitucionalidad al real decreto ley finaliza el 14 de octubre, y Ruspira ha replicado que el PAR hará lo propio para que también estudien el asunto los servicios jurídicos de la Diputación General de Aragón.

Por el resto de los grupos, la socialista Ana Fernández se ha centrado en criticar las medidas, por "injustas" y porque crearán "más recesión y más paro", porque "castigan" a los empleados públicos y a las clases medias y porque son un paso más en el desmantelamiento del estado del bienestar, al margen de que "restan competencias" a las autonomías.

Y el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha incidido en que el real decreto es doblemente inconstitucional, primero porque "invade competencias", y después porque recorta derechos sociales, laborales y civiles reconocidos en el título I de la propia Constitución.

El real decreto, ha dicho, "profundiza en la situación de drama y desempleo de muchos ciudadanos" y "condena a la beneficencia" a parte importante de ellos, y eso "también es para llevarlo al Constitucional".

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