Infraestructuras

La DGA pagaría 10 millones por rescindir contratos del Plan Red

El Ejecutivo aragonés se ahorraría 3.500 millones de euros en obligaciones inversoras.

El Gobierno de Aragón y seis de las empresas concesionarias del Plan Red de Carreteras negocian la rescisión de los contratos de mutuo acuerdo para lo que el Ejecutivo destinará unos 10 millones de euros y se ahorrará 3.500 millones de euros en obligaciones inversoras.


El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, ha comparecido hoy en las Cortes de Aragón para explicar las medidas que ha adoptado en relación al Plan Red.


Este plan, impulsado por el anterior ejecutivo, preveía un coste de más de 4.300 millones de euros hasta 2049 para el mantenimiento y conservación de carreteras en Aragón, dividido en ocho sectores.


El Plan Red, según Fernández de Alarcón, obligaba a la administración autonómica a adquirir una deuda "inasumible", a lo que hay que añadir las dificultades que han encontrado las empresas adjudicatarias para obtener financiación.


El consejero ha dicho que al principio de la legislatura continuó el proceso administrativo que marcaba el plan y se hicieron "esfuerzos" para llegar a buen puerto, pero ahora se ha visto que no es posible que siga adelante por la actual crisis económica.


Por eso, el gobierno de Aragón negocia ahora con cinco sectores (Zaragoza 1 y 2 y 3, Teruel 2 y Huesca 2) la resolución del contrato de mutuo acuerdo, para lo que el ejecutivo abonará los proyectos constructivos encargados y una parte de los costes soportados por las concesionarias, que se estima entre 1,6 y 1,85 millones de euros.


También se está en negociaciones para llegar a un acuerdo con la concesionaria del sector Huesca 1, suspendido por el anterior ejecutivo ya que era necesario sacar del plan la carretera A-1205 (Jaca-La Peña) por haber obtenido declaración de impacto negativa.


A cambio de esta cantidad de alrededor de diez millones de euros (entre 1,6 y 1,8 millones por cada una de las seis concesionarias con las que se está negociando) el gobierno de Aragón, según el consejero, obtiene ventajas.


Así, se reducen las obligaciones económicas de la comunidad autónoma en 3.200 millones de euros, pero además contará con la cartografía y los proyectos de redacción de los proyectos de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones de los contratos iniciales, lo que permitirá disponer de la documentación necesaria para realizar los proyectos cuando se cuente con financiación.


En cuanto a los otros dos sectores, el Huesca 3 es el único que continúa adelante tras la aprobación del proyecto constructivo por el gobierno en febrero de 2012, a pesar de que la empresa ha solicitado una modificación, al alza, de su contrato, porque no tiene la financiación bancaria totalmente cerrada.


En el sector en el que no hay posibilidad de llegar a acuerdos es con la concesionaria del sector Teruel 1, que no ha presentado los proyectos a pesar de "múltiples requerimientos" y a quien el ejecutivo ha abierto expediente de resolución por incumplimiento.


Fernández de Alarcón ha destacado las ventajas del acuerdo para rescindir seis contratos, a pesar de que en este momento "todos perdemos: las concesionarias, el gobierno de Aragón, los aragoneses y las entidades financieras que no han puesto el dinero", ha dicho.


Desde la oposición, los portavoces de CHA e IU han coincidido en señalar que esta situación demuestra "el fracaso de una gestión" y han criticado el modelo de colaboración público-privada, al tiempo que han insinuado que la deriva actual del plan se debe a las "desavenencias" que mantienen los socios de gobierno, PP y PAR, en este asunto.


Miguel Aso, de IU, ha insistido en que "no hay razones" para que la comunidad tenga que indemnizar a las empresas, porque son ellas las que no han cumplido, y ha dudado de la utilidad futura de los proyectos que Aragón va a recibir a cuenta.


Por CHA, Gregorio Briz, ha indicado que las dudas sobre el Plan Red mostradas por los miembros del PP del ejecutivo desde que tomaron posesión, hizo perder credibilidad a las concesionarias ante las financieras, y en política "el fin no justifica los medios".


Fernández de Alarcón ha negado que estos diez millones que hay que abonar sean una indemnización, sino un pago "por algo que se encargó, y con unos costes", y ha insistido en que no se alegra de que el plan deje de hacerse.


También José Ramón Ibáñez, del PSOE, ha lamentado los esfuerzos por parar el plan "por la vía militar", primer objetivo del ejecutivo desde que llegó al gobierno, y ha coincidido que después de que la propia presidenta, Luisa Fernanda Rudi, dijera que era inviable y mal planificado nadie iba a conceder la financiación necesaria a las empresas.


El consejero, además, ha dicho que el ejecutivo trabaja en un plan integral alternativo con menos coste y que priorizará las inversiones para contribuir a vertebrar el territorio y crear empleo.


El portavoz del PAR, Manuel Blasco, ha defendido el plan, por las ventajas de vertebración territorial y de incremento de la seguridad vial, y aunque ha lamentado que "desde el minuto uno de la legislatura" se viera envuelto en dudas, ha recordado que éste no se incluye en el pacto de gobernabilidad firmado con el PP.