En Aragón

Una de cada 4 comunidades de vecinos tiene algún moroso

El número de propietarios que no hace frente a sus pagos se ha disparado en los últimos años con la crisis económica.

La conflictividad entre vecinos no deja de agudizarse y el principal motivo de disputa sigue siendo la morosidad. La crisis económica, la falta de un empleo estable y los problemas de financiación en las familias han llevado a que casi el 23% de las comunidades de propietarios en Aragón sufran los impagos de alguno de sus miembros.


Así lo destaca un reciente informe de la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta), en el que se hace especial hincapié en el “notable” incremento de los roces entre vecinos, sobre todo por morosos, aunque también por otras causas.


En comparación con el resto de regiones, Aragón se sitúa unas décimas por encima de la media nacional, mientras que atendiendo a las tres provincias, Zaragoza 'lidera' las clasificación ya que un 25,9% de sus comunidades de vecinos cuentan con algún moroso, seguida de Huesca (23%) y Teruel (21,3%).


El estudio confirma que el impago de cuotas o derramas es el problema más habitual (70% del total), seguido de las obras no consentidas (11%), el desacuerdo con obras y reformas generales (7%) y la determinación de elementos comunes (5%). Los datos muestran asimismo un descenso de un punto en los problemas derivados de la instalación de ascensores y aires acondicionados.


Según Carlos Ruíz, gerente de Arrenta, la principal causa de estos datos se encuentra en la crisis económica, pero apunta otros factores: “La dificultad que encuentran las promotoras a la hora vender todas las viviendas de una promoción provoca que muchas de ellas se encuentren desocupadas, lo que genera a su vez que se acumulen las deudas”, señala.

Más de 15.000 administradores

En España hay en la actualidad 15.300 administradores de fincas profesionales, que se encargan del 85% de las comunidades de propietarios. Esta semana tuvo lugar en Valencia el Congreso Nacional de Administradores de Fincas, en el que el presidente de este colectivo, Miguel Ángel Muñoz, se mostró partidario de que el Gobierno "modifique suficientemente la normativa estatal para que se acepte la dación en pago".


Muñoz señaló que “el prestamista”, en alusión al banco que ha concedido la hipoteca, “ya tiene remuneración suficiente” con la entrega de la propiedad del inmueble. De no ser así, apuntó, las personas que además de perder el piso deban hacer frente el pago del total de la hipoteca “son ciudadanos sin futuro durante su vida o parte de la de sus herederos”.