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Reestructuración de la función pública

El PAR reconoce que es dificil evitar despidos en el sector público

Manuel Blasco, del PAR que gobierna en coalición con el PP, ha insistido en que "es difícil hacer tortillas sin romper los huevos". Asegura que "no se puede pensar que se va a reestructurar el sector" y que las plantillas vayan a seguir igual.

Manuel Blasco
Manuel Blasco
HERALDO

El diputado del PAR en las Cortes Manuel Blasco ha reconocido que será "difícil" evitar que la reestructuración del sector público aragonés no implique algún tipo de despido, aunque sea "duro" y "complicado" decirlo.

El pleno de las Cortes ha debatido una proposición no de ley defendida por el portavoz de IU, Adolfo Barrena, que pretendía obtener el compromiso del gobierno de Aragón de no aplicar en sus departamentos, empresas, organismos y entidades públicas ningún expediente de regulación de empleo de extinción de contratos.

Barrena ha explicado que la reforma laboral que ha aprobado el Congreso de los Diputados repercute en el personal laboral del sector público, porque desde la entrada en vigor de la reforma podrá ser objeto de un ERE de suspensión de contrato, con una indemnización de veinte días por año trabajado, y para ello bastará que los entes gestores justifiquen nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida.

Pero la reforma impide al sector público recurrir a los ERE de suspensión temporal o de reducción de jornada, produciéndose así una "discriminación lesiva" con respecto a los trabajadores del sector privado, a quienes sí se les pueden aplicar expedientes de suspensión temporal.

Pero Blasco, en nombre del PAR, que gobierna en coalición con el PP la comunidad autónoma, ha insistido en que "es difícil hacer tortillas sin romper los huevos", en la línea de que "no se puede pensar que se va a reestructurar el sector empresarial" y que las plantillas vayan a seguir igual.

"El difícil hacer lo que tenemos que hacer, lo que se pide", que es "reducir el déficit y reordenar el sector" sin que esto "implique algún tipo de desaparición del empleo público".

La diputada socialista Ana Fernández, por su parte, se ha mostrado de acuerdo con la reorganización del sector público, pero siempre con información y consenso, y sobre todo con negociación con la representación de los trabajadores.

Para Joaquín Palacín, la opción de aplicar ERE de extinción es "inadmisible" amparándose en una reforma laboral "innecesaria e injusta" y que solo provocará destrucción de empleo.

La diputada popular Marián Orós ha defendido la reforma laboral, cuyo objetivo es crear un marco "claro, completo y equilibrado, que facilite la creación de empleo, regule las relaciones laborales y facilite la estabilidad".

Y ha asegurado que, de momento, no se ha planteado ningún ERE en la administración autonómica.

El departamento de Hacienda, ha agregado, está acometiendo un proceso de racionalización y la aplicación de expedientes de extinción será, en todo caso, "el último recurso, una última opción", pero que a priori "no se puede descartar".

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