El consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado este viernes que las dos clínicas que practicaban abortos en la Comunidad, que decidieron suspender la prestación del servicio por la deuda, no tenían ni contrato con el Gobierno de Aragón.

Según ha dicho Bermúdez de Castro, en respuesta a una pregunta en el pleno de las Cortes de la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, sobre las garantías que está dando el Ejecutivo autonómico de acceso a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, no había ningún "papel" por parte del Gobierno de Aragón con estas dos clínicas.

Ibeas, por su parte, ha lamentado que se haya tenido que conocer por los medios de comunicación que los dos clínicas que practicaban el 99% de los abortos en la Comunidad decidieran suspender el servicio por una deuda de unos 800.000 euros del actual gobierno y no heredada, según ha dicho, dejando en una situación de indefensión a las mujeres.

También ha criticado que se haya acreditado a otra clínica privada "a toda velocidad" cuando lo lógico sería que las interrupciones se practicaran en hospitales públicos, más cuando se han ofrecido facultativos.

Por contra, Bermúdez de Castro ha asegurado que la deuda con estas dos clínicas, de 700.000 euros, es de abril del año pasado y que no había "ni contrato" por parte del Gobierno de Aragón.

Ha explicado que la última semana del mes pasado, ante las quejas de las clínicas, se les ofreció como opciones un pago parcial, incluirlas en el plan de pago a proveedores y firmar un acuerdo marco "de una vez".

Sin embargo, decidieron "romper la baraja", ha indicado el consejero, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno ha resuelto el problema en siete días.

Ha lamentado además que raíz de este asunto se haya pedido incluso la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, cuando el Gobierno de Aragón cumple "escrupulosamente" la ley, le guste o no.