El proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado de Aragón continúa su trámite en las Cortes después de que el pleno del parlamento, con los votos del PP y el PAR, haya rechazado las tres enmiendas de devolución presentadas por los grupos de la oposición, que durante el debate han lamentado la inutilidad de la norma y su carácter retrógrado.

La ley, que ha sido defendida por la consejera de Educación del ejecutivo autónomo, Dolores Serrat, reconoce la autoridad pública del profesorado de los centros educativos no universitarios de Aragón, le reconoce presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones, fija la necesidad de que cada centro elabore un plan de convivencia y establece las media para reparar los daños, entre ellas la obligatoriedad de pedir perdón.

La consejera, ante las tres enmiendas de devolución, ha defendido que la presentación de la ley "no es un capricho", sino que ésta "se viene reclamando" desde hace tiempo por la comunidad educativa.

Además, hay informes internacionales, como el Talis (equivalente al Pisa pero para el profesorado) de los que se desprende que el 60 por ciento de los docentes trabajan en un clima "negativo", mientras que el observatorio de convivencia escolar del Ministerio de Educación alerta de falta de disciplina, de implicación familiar y de normativa de apoyo y reconocimiento al profesorado, lo que se quiere subsanar con esta ley.

Por eso, Serrat ha precisado que los objetivos de la ley son mejorar la convivencia en los centros, reforzar la consideración social del personal docente y preservar que el proceso educativo se produzca en las máximas condiciones de seguridad.

La portavoz socialista, Mayte Pérez, ha insistido en que esta ley, "con lo que está cayendo", no es una prioridad ni siquiera es necesaria.

"Cortina de humo"

Ha dicho que la norma creará más problemas, porque judicializará la vida en los centros educativo, y ha recalcado que es una "cortina de humo" para que el gobierno pueda decir que "hace algo" por el profesorado cuando en realidad lo que sí está haciendo es "quitarle todos los recursos".

Para Pérez, el apoyo y reconocimiento al profesorado no se consigue reconociendo su autoridad, sino disminuyendo las ratios en las aulas, respetando a sus representantes, no sometiéndolos a "cuestionamiento constante" e impulsando una política de estabilidad y convocando oposiciones.

Gregorio Briz (CHA) también ha considerado la ley "innecesaria, irrelevante y una cortina de humo", y ha vaticinado que no preservará al profesorado "de la indefensión que tiene ahora".

Con la ley vuelve la consideración "autoritaria, rancia y jerárquica" de los profesores, cuyo prestigio, por otro lado, se está "socavando" constantemente, ha dicho Briz, quien ha agregado que la autoridad no se consigue por ley, sino "por convencimiento, experiencia y trabajo diario", y para eso se necesitan recursos y no recortes.

Por Izquierda Unida, su portavoz, Adolfo Barrena, ha enumerado dieciséis razones para rechazar de plano la ley, todas referidas a los recortes y ajustes que se están implantando en la educación y que, a su juicio, no sirven para prestigiar la educación.

Ha hablado del aumento de ratios, de barracones, de "patios llenos de escombros", de falta de equipamientos, de la desaparición de los centros de recursos para el profesorado en el medio rural, de la mala planificación del proceso de admisión o de la desaparición de bachilleratos.

Y se ha preguntado como se puede dignificar la educación con estas medidas, que harán que este pilar del estado del bienestar "se convierta en algo asistencial, de beneficencia social" mientras se potencia "una educación elitista, segregadora y para gente con dinero".

Conflictos en la aulas

La diputada del PP, María José Ferrando, por su parte, ha criticado los argumentos esgrimidos por los portavoces de la oposición, ha asegurado que en las aulas hay mal clima y muchos conflictos y que la carta de derechos y deberes del profesorado aprobada en marzo de 2011 "resulta insuficiente".

Ha mostrado su inquietud por una "preocupante tendencia", de la que ha responsabilizado en gran medida a las familias, muchas de las cuales pretenden que la escuela asuma el rol de la educación integral de sus hijos mientras los padres sólo quieren ser "colegas" de sus hijos.

Por eso, esta ley es el primer paso, que "llamará a los alumnos y a los padres a reflexionar antes de amenazar, insultar o agredir a los profesores.

María Herrero (PAR), por su parte, ha reconocido que el clima educativo en Aragón en general es normal "salvo excepciones", y que por eso la ley será de aplicación en situaciones excepcionales.