Bajo el código presupuestario 'indemnizaciones por razón del servicio', el Gobierno de Aragón ha presupuestado más de 7,13 millones de euros. Esta categoría está destinada a cubrir los gastos que les genera a los funcionarios de la Administración autonómica el desempeño de sus responsabilidades fuera de los edificios gubernamentales. En román paladino: son las llamadas dietas.

"En los presupuestos figuran las cantidades que los diferentes organismos nos comunican y justifican que van a necesitar", explican fuentes del departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno aragonés. "No tienen por qué gastar ese dinero completamente y si lo necesitan para otros fines (suministros, compras, etc.) lo pueden utilizar", añaden. Estas dietas son presupuestadas por consejería, servicio (por ejemplo, direcciones generales o secretarías técnicas) y por programa.

Con este dinero se pagan, por ejemplo, los gastos de locomoción de un ingeniero que tiene que acudir a un monte a supervisar cualquier eventualidad o los gastos que le pueda acarrear a un funcionario el ser elegido parte de un tribunal de oposición, entre otras muchas circunstancias.

El organismo que presenta la cantidad presupuestada más elevada en este código 23 son las Cortes de Aragón. Sus 'indemnizaciones por razón del servicio' se sitúan en torno a los 1,12 millones de euros. En volumen de presupuesto, al parlamento aragonés le siguen la Dirección General de Carreteras (830.000 euros) y la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma, que está englobada dentro de la Dirección General de Interior, con una cuantía de 795.557 euros.

En los presupuestos de 2011, estas dietas para funcionarios se situaron en torno a los 8,18 millones de euros, es decir, alrededor de 1,04 millones de euros más que este año. Con respecto a la cantidad presupuestada el año pasado, las cuentas generales de 2012 recogen cerca de un 13% menos de gasto en 'indemnizaciones'.

Otras medidas

En lo que se refiere a dietas por asistir a órganos colegiados, el plan de racionalización aprobado en 2011 establecía que estas se iban a limitar a "los casos necesarios y consecuentes con las funciones atribuidas a un determinado puesto de trabajo", explican fuentes de Hacienda.

"Se aprobó una reducción de un 15% de las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados y la supresión en los casos en que sea posible", añaden las mismas fuentes. Además, se estableció que los empleados públicos únicamente percibieran estas indemnizaciones cuando las reuniones tengan lugar fuera del horario de trabajo.

En el marco de este plan de racionalización, también se determinó que determinados funcionarios solo pudieran acceder, como máximo, a dos Consejos de Administración de empresas públicas. "Aunque una persona esté en 15 consejos de empresas públicas, solo cobrará por dos de ellos", dicen desde Hacienda. "Este límite antes no existía", abundan.

Aún no se conoce el ahorro concreto que ha supuesto a la Administración aragonesa la adopción de estas medidas. "Habrá que esperar al primer balance del Plan de Racionalización", dicen desde la DGA. Este informe estudiará el primer trimestre de aplicación del plan y en estos momentos se está ultimando.