La Ley de Estabilidad Presupuestaria sigue adelante

El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado las tres enmiendas a la totalidad y de devolución presentadas por Partido Socialista (PSOE), Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU), respectivamente, al proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, que continúa así con su tramitación parlamentaria en la Cámara aragonesa.

Las tres enmiendas han recabado el voto en contra del Partido Popular (PP) y del Partido Aragonés (PAR), sumando votos 34 votos, y a favor de PSOE, CHA e IU, con 30 votos, salvo de la enmienda del PSOE, en la que CHA se ha abstenido --cuatro votos-- e IU votado en contra --otros cuatro votos--.

El proyecto de ley ha sido defendido ante el pleno por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno aragonés, José Luis Saz, quien ha abogado por el principio de estabilidad presupuestaria para "mantener el Estado del Bienestar" y garantizar las cuentas públicas y la "buena gobernanza" porque "el mayor daño al Estado del Bienestar sería dejar que las deudas las paguen nuestros hijos".

Además, ha dicho que es una obligación constitucional y también de aplicación de los tratados de la Unión Europea, que hay que impulsar "cuando antes" para el "sostenimiento" del Estado del Bienestar, ley que también poseen o están desarrollando otras Comunidades autónomas, para subrayar que el principio de estabilidad presupuestaria "no afecta a la autonomía financiera de las Comunidades autónomas", según una sentencia del Tribunal Constitucional.

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha argumentado que "si hay una ley que tiene sentido en estos momentos es la ley de Estabilidad Presupuestaria para todo el sector público de la Comunidad autónoma", para "garantizar los servicios públicos", lograr el "equilibrio" financiero y el "saneamiento económico" de las cuentas públicas, eliminando "uno de los principales obstáculos al crecimiento de la economía" y a la creación de empleo, además de ser una obligación como integrantes del Estado español y de la Unión Europea.

Sentido común

La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha recordado que su grupo votó a favor del límite del déficit en la Constitución y ha explicado la enmienda de devolución al proyecto de ley porque, "por sentido común", "primero debería estar la ley orgánica", de ámbito estatal, y después la autonómica y "no compartimos estas prisas del Gobierno de Aragón" ahora, para preguntarse si el PP "no quiere dialogar con el PSOE", como se acordó cuando se aprobó la reforma constitucional.

El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha subrayado que la estabilidad presupuestaria es "herramienta imprescindible para garantizar el Estado del Bienestar social", "recuperar la economía y crear empleo", y ha precisado que en el Presupuesto de Aragón para 2012 "siete de cada diez euros son para gasto social", tras señalar que en estos momentos "no nos podemos permitir deber en exceso", cuando los gastos financieros de la Comunidad autónoma por el pago de la deuda suponen el tres por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

El diputado de CHA, José Luis Soro, ha opinado que con el límite al déficit "Aragón es una Comunidad autónoma menos social", en la que "se priorizan los intereses de los mercados y especuladores, en vez de primar a las personas y ciudadanos", tras señalar que están de acuerdo con "la austeridad" y el rechazo al "déficit excesivo", si bien "mantener la estabilidad en época de recesión es un suicidio" porque "paraliza la inversión pública y aumenta el desempleo".

"Ustedes se obstinan en no ver más soluciones", pero se podría "recaudar más y mejor con un sistema fiscal progresivo y equitativo", además de que el principio de estabilidad "vulnera la autonomía presupuestaria" de las Comunidades autónomas, que "son quienes dan los servicios", ha apostillado Soro.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha precisado que la Constitución, además del principio de estabilidad presupuestaria, hace referencia, en su título primero, al derecho a la educación, a que los ciudadanos paguen impuestos "en función de su riqueza", y al derecho al trabajo y a la protección social y a prestaciones suficientes, "especialmente en caso de desempleo" y en Aragón hay 42.000 personas "que no tienen ningún subsidio".

Asimismo, ha indicado al Gobierno y a los grupos que le apoyan, PP y PAR, que "si tan convencidos están" del principio de estabilidad, "sométanlo a referéndum", para estimar que este principio "consagra el desequilibrio social" y "no garantiza los servicios públicos".