El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en 2006 y 2007 en Aragón

El saldo presupuestario de Aragón en 2006 y 2007 fue negativo, según informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que se alerta de que en estos dos ejercicios hubo falta de documentación e información, posibles irregularidades y las empresas públicas perdieron 73 millones de euros.

Así se pone de manifiesto en el Informe de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondiente a los dos años anteriores a la celebración de la Exposición Internacional de Zaragoza, en el que se indica que la pérdida de las 31 empresas públicas hubieran ascendido a 137 millones de euros de no ser por las ayudas recibidas.

Las cuentas generales de la comunidad de estos dos años fueron rendidas "fuera del plazo previsto" y el Tribunal indica en sus conclusiones que "con posterioridad" a la rendición de dichas cuentas la Diputación General de Aragón remitió las de empresas, fundaciones y consorcios, "que debieron formar parte de las mismas".

Según el informe, de más de 200 páginas, el saldo presupuestario es negativo en ambos ejercicios, de 5,89 millones de euros en 2006 y de 47 millones en 2007, y demuestra que la forma en que se ejecutan los presupuestos de gastos "dificulta el conocimiento y análisis de coste y rendimiento de los servicios públicos".

En este sentido, añade el estudio que los datos de efectivos y su distribución no son coincidentes con los que se deducen de la liquidación presupuestaria, mientras que el sistema de información contable no permite el control y seguimiento de los deudores por aplazamiento y fraccionamiento.

En uno de sus puntos insiste en que no se ha efectuado en los dos años citados "ningún control financiero sobre la gestión de los tributos cedidos", al tiempo que "el remanente de tesorería de los ejercicios es negativo", de 122,2 millones de euros en 2006 y de 226,7 millones de euros en 2007.

Respecto a las empresas públicas, indican que en la Comunidad hay 31 sociedades mercantiles y tres entidades de derecho público -de las cuales dos no se justifica su utilidad- y solo siete de ellas obtienen beneficios con independencia de las subvenciones recibidas.

Según el Tribunal de Cuentas, el riesgo derivado en la Comunidad de los avales concedidos aumenta en los ejercicios "a la vista de la situación financiera de las empresas avaladas" e indica que más del 60 % de las ayudas concedidas en los dos ejercicios "corresponden a subvenciones de carácter nominativo".

Añaden, además, que "se conceden ayudas directas no sujetas a convocatoria específica", cuya cuantía "no ha sido posible cuantificar a partir de la información facilitada", ya que la documentación que acompaña los expedientes analizados presenta "deficiencias".

Contratación pública

Otro de los puntos del informe, con respecto a la contratación pública, indica que las bajas económicas ofertadas fueron "deficientemente valoradas" en las adjudicaciones por concurso, lo que provocó "un encarecimiento de los precios de estos contratos", y los criterios de adjudicación "fueron insuficientemente precisados en los pliegos", lo que "no es conforme con los principios de publicidad y transparencia".

Siguiendo sobre este asunto, el documento duda de que ciertos adjudicatarios -concretamente en dos casos- fueran "los únicos capaces de realizar las prestaciones" para las que fueron contratados.

Tampoco encuentra justificación en la adjudicación de tres contratos mediante el procedimiento excepcional de emergencia, que supone "la absoluta omisión de los principios de publicidad y concurrencia y de la tramitación previa y escrita de los expedientes".

En ciertos contratos de obra, continúan, "se produjeron significativas demoras y ampliaciones de los plazos de ejecución no justificadas adecuadamente", y llama la atención que estos licitadores "habían ofertado precisamente reducciones de los plazos".

En el caso del Espacio Goya, indica de forma detallada que dos contratos fueron adjudicados "mediante procedimientos negociados sin publicidad", invocándose un concurso con intervención de jurado "en el que se han observado numerosas y significativas incidencias", así como "gastos a contratistas carentes de suficiente cobertura en el concurso de ideas".