La futura ley da un volantazo en el rumbo del transporte español: pasa a primarse el ferrocarril para las mercancías, modificando así el PEIT (Plan de Español de Infraestructuras y Transportes 2005-2020), que priorizaba el transporte por carretera. Al tiempo, promueve para ese tráfico vehículos menos contaminantes. Sara Pizzinato, de Greenpeace, se pregunta que va a pasar en la realidad con el PEIT, cuyo horizonte de aplicación era 2005-2020. "¿Se van a seguir gastando los 17.000 millones de euros que están presupuestados? ¿Se acabará el PEIT pese a contradecir a la LES?".

El proyecto normativo también habla de promoción y regulación de los servicios de interés público. Luis Clarimón, responsable de medio ambiente de CC OO Aragón, lamenta que "la ley deje a la determinación del sector privado cuándo un servicio es de transporte público y cuándo no". Peor aún le parece al sindicalista que "la ley exija que exista un volumen de demanda para el establecimiento de transporte público y no se ponga, sin embargo, ese requisito a la construcción de infraestructuras".

VALE-TRANSPORTE

Como novedad, se establece un vale-transporte para las empresas que adopten rutas colectivas para los trabajadores. "¿Por qué a la empresa, si apenas ninguna en España tiene transporte colectivo -se pregunta Llorenc Serrano, de CC OO-. Sería más efectivo dar ese dinero a los trabajadores para que usen el transporte público".

Clarimón va más alla y defiende que se establezca "cierta obligatoriedad para empresas de gran tamaño de disponer de un plan de movilidad sostenible. Urbanismo obliga a las empresas a hacer reserva de suelos para aparcamientos cuando se instalan en polígonos; si eso se sustituyera por un plan de movilidad sería mas racional y daría lugar a ahorros".

Sí se impulsa la creación de planes de movilidad municipales, pues se establece que la Administración central condicionará las subvenciones al transporte urbano al requisito de que los ayuntamientos cuenten con un plan de movilidad sostenible. El jurista José Luis Bermejo se pregunta por qué no se ha incluido el taxi. "En Zaragoza hay unos 1.500 vehículos emitiendo gases contaminantes más de 12 horas del día. Es muy sencillo condicionar la concesión de licencias a estrictos requisitos ambientales y los efectos de notarían de manera inmediata. La ciudad de Nueva York lo acaba de hacer".