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Aragón
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La DGA pide la nulidad del plan catalán que pretende la 'soberanía' hidráulica

Sostiene que el plan de gestión del agua de Cataluña se “extralimita” al arrogarse la planificación de los recursos en su territorio. Acudirá a los tribunales, como pidió el PP,
si no se retira el documento y se rehace.

El Gobierno de Aragón pedirá esta misma semana la nulidad del Plan de Gestión de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña por pretender la "soberanía hidráulica", arrogándose competencias sobre el Ebro, Júcar y Garona. El Consejo de Gobierno aprobará mañana las alegaciones y facultará al Instituto Aragonés del Agua para recurrir a los tribunales, tal y como exigió el PP hace cinco meses en las Cortes, si no se rehace el documento.

El citado plan, en periodo de información pública, se circunscribe oficialmente a las cuencas internas de Cataluña, que dependen de la Generalitat, pero planifica todo tipo de medidas que afectan a recursos del resto de cuencas dentro de la delimitación geográfica de su Comunidad e incluso de Aragón. Así, fija caudales ecológicos para todo los ríos, establece la gestión de las aguas subterráneas aun siendo compartidas con Aragón y todo tipo de actuaciones para el control de especies invasoras y la gestión de acuíferos y humedales, entre otros aspectos, de toda Cataluña. No obstante, reconoce por escrito que parte de estas competencias corresponden a las cuencas hidrográficas del Ebro y del Júcar y, por elevación, al Estado.

El director del Instituto Aragonés del Agua, Rafael Izquierdo, explicó ayer que en este documento se comete una "extralimitación competencial" al planificar la gestión hidráulica sobre todas las cuencas dentro de los límites territoriales de Cataluña. Por ello, planteará en las alegaciones que se suspenda toda la tramitación para que el citado plan se limite exclusivamente al marco que le compete, las cuencas internas de Cataluña. Izquierdo explicó que la Agencia Catalana del Agua, en todo caso, debería tramitar tres documentos: uno con el plan de gestión de la cuenca interna de Cataluña, otro con medidas de su competencia para poner en marcha en el resto de cuencas y un tercero con las que defiende aplicar y que son materia exclusiva de la Administración central.

La última palabra, del Estado

El Gobierno regional deja también muy claro en sus alegaciones que, en todo caso, la última palabra en la aprobación del plan de gestión de las cuencas internas de Cataluña la tiene el Consejo Nacional del Agua, "tal y como se recoge en la Ley de Aguas".

El director del Instituto Aragonés del Agua explicó que llega a fijar caudales ambientales a ríos que no son de su competencia, como el Segre o el Noguera-Ribagorzana, "cuando lo que debe hacer la Generalitat es ir con su propuesta a la Confederación del Ebro, organismo del que depende". También aludió a la explotación de las aguas subterráneas, que plantea gestionar por su cuenta pese a que en algunos casos el recurso está compartido con Aragón. "La Ley de Agua dice que se hará de forma coordinada con las administraciones implicadas", resaltó.

Rafael Izquierdo incidió en que el citado plan de gestión y sus medidas confunde las propuestas que puede hacer Cataluña como Administración con las competencias de terceros. "Puede hacer elucubraciones, pero la Ley de Aguas y el Reglamento de Planificación hidrológicas dejan muy claro el marco competencial", señaló.

El Instituto Aragonés del Agua también incidirá en las alegaciones en que, en todo caso, la DGA debe ser tenida en cuenta: "Las Bases de la Política del Agua de Aragón dicen que debemos emitir un informe preceptivo antes de la aprobación de cualquier plan hidrológico que afecte a la Comunidad".

Asimismo, reclamará a la Agencia Catalana del Agua que explique en qué consiste la interconexión de infraestructuras, especialmente en el caso de una desaladora de Barcelona con la zona baja de Tarragona, "por si acaba siendo reversible" y sirva para futuros trasvases.

Rafael Izquierdo detalló que estas alegaciones se presentarán al programa de medidas, en información pública desde noviembre, y que luego lo harán al plan de gestión completo (que incluye las medidas, un informe ambiental y un borrador normativo), que salió a exposición un mes. En ambos casos, se está dentro del plazo legal de seis meses para personarse.

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