Por alguna razón, Aragón y el Gobierno central nunca se acaban de llevar bien. Siempre hay un asunto sobre la mesa que reivindica la DGA y que el Ejecutivo de Madrid es remiso a aceptar, como ocurre ahora con las cuestiones relativas al trasvase del Ebro.

Da igual que en La Moncloa y en el Pignatelli se sienten políticos del mismo partido, porque el conflicto siempre está latente. No ayuda nada además la comparación con lo que sí consiguen los políticos de las regiones vecinas.

Pero esta semana ha habido señales de avance. Quizá el tiempo las convierta solo en humo, pero mientras tanto...

El caso es que en estos siete días han entrado en funcionamiento tres de las novedades que Aragón incorporó a su Estatuto de Autonomía en abril de 2007.

Después de pisotear el Estatuto sin pudor hace solo un año con el intento de trasvase a Barcelona, el Gobierno central ha decidido esta vez hacer las cosas bien y aplicar la cláusula que obliga al Gobierno central a consultar a Aragón cada vez que promueva un trasvase del Ebro.

Algunos en la DGA se preguntan qué les ha llevado a pedir ahora el informe preceptivo por el trasvase y no hacerlo cuando exigían una transferencia mucho mayor. A saber el motivo de este gesto, pero lo importante es que han creado un precedente y ahora todo trasvase nuevo del Ebro que se plantee para Cataluña o para Levante deberá ser consultado a Aragón.

Si esto ya es un hecho, los otros dos avances son solo muestras de buena voluntad. Siguiendo con el agua nuestros parlamentarios introdujeron en el Estatuto la necesidad de que Aragón tenga una reserva hídrica. Aquí las interpretaciones son para todos los gustos. Y como DGA y Gobierno central no se ponen de acuerdo en cómo se debe aplicar, han decidido crear un grupo de trabajo para ver de qué forma se gestiona esa reserva. Aunque lo deseable hubiera sido una decisión más firme, al menos se ha dado un paso que conlleva el reconocimiento implícito del Estado de esa reserva para Aragón.

Parecido ha ocurrido con los Presupuestos. Nuestro Estatuto decía que Aragón debía opinar sobre qué inversiones tenía que impulsar el Estado en este territorio. Este derecho ha sido conculcado tanto en los presupuestos de este 2009 como en los ya proyectados para 2010.

Pero ahora el Gobierno dice que lo reconsidera y ha aceptado crear otro grupo de trabajo para que en las próximas Cuentas Aragón sí participe. Estaremos atentos. Dicen que en política si quieres que algo no avance, crea un grupo de trabajo. Esperemos que esta vez sea la excepción.