Un convenio de 3,6 millones, gran parte para proyectos municipales, ha generado un gran conflicto en la comarca de Comunidad de Calatayud. El reparto de estas ayudas, financiadas por el Gobierno central y los departamentos aragoneses de Medio Ambiente y Agricultura, ha generado duras críticas por parte de PP y CHA, que consideran poco equitativo el reparto y que destacan el "oscurantismo" con que se ha tramitado. Centran su ataque en la presidenta comarcal, Carmen Herrero (PAR), que aseguró que las cifras no son definitivas.

El convenio, de carácter trianual, se firmó a final de 2008 entre el secretario de estado de Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, y los consejeros Alfredo Boné y Gonzalo Arguilé respectivamente por parte del Gobierno de Aragón. Ambas entidades financian las actuaciones al 50%. El objetivo del acuerdo era llevar a cabo un "programa piloto de desarrollo rural sostenible" en la comarca. Inicialmente, Madrid y DGA aportarían 1,5 millones cada uno. Posteriormente se introdujo una adenda por la que Comunidad de Calatayud daría otros 600.000 ?, para hacer así un total de 3,6 millones. El grueso de esta cantidad (2,2 millones) irían a parar a subvenciones para diferentes actuaciones de los ayuntamientos.

El problema surgió cuando populares y nacionalistas conocieron el reparto. Según un documento compulsado por el jefe de servicio de la Red Natural de Aragón, Alberto Fernández-Arias, la distribución está, en proporción, muy alejada de la presencia de estos partidos en la comarca -que gobiernan en coalición PAR y PSOE-.

PAR y PSOE, más beneficiados

Los más beneficiados con diferencia son los aragonesistas, cuyas corporaciones recibirían 864.000 euros, casi un 40% del total, cuando su número de votos apenas supera el 20%. También sale bien parado el PSOE. A ayuntamientos de este signo político irían a parar 1,1 millones, la mitad de las subvenciones, mientras que su representación en Comunidad de Calatayud es del 37%.

Por contra, PP y CHA saldrían claramente perjudicados. Así, los populares solo contarían con 230.000 euros, un 10% del total, cuando su presencia en la comarca es del 31%. Por su parte, de los nacionalistas solo recibiría una ayuda de este convenio el Ayuntamiento de Alhama; en concreto, se llevaría solo 20.000 euros. Esto supone un 1%, cuando su representación es del 7%.

"Ha reinado el oscurantismo", destaca el portavoz del PP en la comarca, José Manuel Aranda. "No ha mediado ninguna convocatoria de ayudas a la que concurrir. Y tampoco existe una memoria de los proyectos seleccionados", añadió Aranda. Asimismo, el popular lamentó que "no hayan existido criterios al asignar el reparto". "Nos sentimos ninguneados. Confunden el dinero público con el de los partidos", manifestó.

Su homóloga en CHA, Elvira Esteban, también destacó el "secretismo" que ha envuelto la asignación de ayudas. "Es el colmo de la falta de disimulo. No ha habido ni convocatoria, ni junta de portavoces, ni una comisión que estudie el reparto. Se ha realizado a la voluntad de la presidenta", explicó.

La máxima responsable de la comarca, Carmen Herrero, aseguró que los datos de la oposición son "erróneos", algo que el portavoz del PP consideró "absolutamente falso". Para Herrero, aún se deben introducir modificaciones, algo que se hará en la próxima reunión de la comisión de seguimiento del convenio. Junto a esto, anunció que se está negociando una nueva adenda para añadir dos millones.

La comisión de seguimiento, que decide cuáles han de ser las subvenciones y en qué cuantía, está integrada por: el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (del Ministerio), Jesús Casas, que actúa como presidente, otro representante designado por el propio Casas; dos vicepresidencias de la DGA, que en este caso recaen en los consejeros Boné y Arguilé; un representante de la DPZ, que es el vicepresidente del PAR José Antonio Sanmiguel; dos miembros de la comarca, en este caso Carmen Herrero y el socialista Manuel Morte; y un representante de la Delegación del Gobierno.

Las subvenciones a los ayuntamientos son todas de escasa cuantía, ya que van desde los 20.000 euros a los 111.000. Integran una serie de actuaciones como la construcción de albergues, piscinas municipales y pabellones o la rehabilitación de un molino de viento.